Activistas LGBT cortan calles de la capital mexicana por recientes asesinatos
La activista trans Mireya Rodríguez Lemus fue hallada muerta este miércoles en su casa de la norteña ciudad mexicana de Chihuahua, con lo que suman seis los asesinatos de miembros de la comunidad LGBT en los últimos dos meses.
También han sido asesinados los activistas gays Jonathan Santos, en el estado de Jalisco, y Javier Eduardo Pérez, en el de Morelos, y las activistas trans Samanta Barrios, en Puebla; Jeanine Huerta, en Baja California, y Brandy Ronzón Huerta, en Veracruz.
Es por esto que organizaciones LGBT se reunieron este jueves para pedir justicia y expresar su hartazgo ante esta oleada de crímenes de odio sobre los que, dijeron, las autoridades no han puesto los esfuerzos suficientes para esclarecer.
«Ya estamos cansadas. Esta semana hubo una ola de asesinatos a varias activistas a nivel América Latina (…) Estamos cansadas de que siempre nos invisibilicen, que hagan constancia de que no tenemos familia y nadie reclama los cuerpos. Sufrimos invisibilización y criminalización a través de las instituciones», dijo a Efe Kenya Cuevas, activista trans y directora de la asociación Casa de Muñecas Tiresias.
Por esto, ella y sus compañeros pararon el tráfico rápidamente y reclamaron hablar con las autoridades pertinentes para llegar a un acuerdo que beneficie a los derechos y libertades tanto de mujeres como de personas LGBT.
La alrededor de una veintena de manifestantes se colocaron impasibles ante el tráfico y llegaron a bloquear el paso de varios vehículos de transporte urbano Metrobús, que tiene su carril particular, y no se movieron a pesar de las protestas de los conductores ni de pequeños enfrentamientos verbales con transeúntes.
«Necesitamos hablar con una autoridad competente a nivel nacional que nos de una garantía sobre esta alerta de género en estos estados donde se han cometido feminicidios o transfeminicidios y que se comprometan, que hagan exhorto a los estados para trabajar en unión», pidió la activista visiblemente harta.
En la protesta también estuvo presente el artista Fabián Cháirez, autor del polémico cuadro que dibuja al revolucionario Emiliano Zapata desnudo y en tacones para reivindicar los derechos LGBT.
Por su parte, incidió en la necesidad de que los crímenes de odio hacia su comunidad se investiguen hasta el final y que la violencia hacia las personas diversas cese de una vez en México.
«La población LGBT ha caído en hartazgo porque no vemos acciones claras por parte del Gobierno ni tampoco un pronunciamiento. Necesitamos que las instituciones y Gobiernos busquen aclarar estos crímenes de odio para dar un mensaje de que tenemos su respaldo y se está trabajando en torno a eso», manifestó el artista.
De acuerdo con la organización Letra S, en los últimos cinco años, de 2015 a 2019, al menos 441 personas de la comunidad la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT) fueron víctimas de violencia homicida, con el último año como el más violento del lustro con 117 asesinatos.
Se cumple una semana de huelga de hambre; miembros de la comunidad LGBTTTI advierten que promesas de la Fiscalía y SSP son insuficientes
Xalapa, Ver.- Tras siete días de huelga de hambre, los activistas de la sociedad LGBTTTI advirtieron que ni las reuniones con la Fiscalía General del Estado (FGE) ni las promesas para aplicar el protocolo de actuación policial en operativos que involucren la orientación sexual o identidad de género, son suficientes para atender, erradicar y sancionar las violencias que experimentan en el estado de Veracruz.
Los activistas demandan la creación de un protocolo especializado para establecer agravantes en el Código Penal de Veracruz en crímenes que estén relacionados con identidad de género u orientación sexual a fin de establecer en qué casos deben incluirse estas agravantes, ya que a pesar de que existe un protocolo para la actuación de fiscalía y procuradurías a nivel nacional, consideran que no es suficiente.
La coordinadora del Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio a las Personas LGBTTTI en Veracruz, Jazz Bustamante, señaló que en lo que va del año se han cometido 19 asesinatos contra su comunidad, 10 de mujeres trans, dos de mujeres lesbianas y el resto son de hombres gays.
Por ello, aunque se reunieron con personal del área de Grupos Vulnerables, Derechos Humanos e Indígenas de la Fiscalía y aceptaron que son «torpes» en las investigaciones de crímenes contra esta comunidad, estos se negaron a firmar un acuerdo para darle seguimiento a sus demandas, por lo cual consideran estas acciones insuficientes.
«No firmaron ningún acuerdo, solamente nos dieron su palabra, no confiamos en la palabra, son servidores públicos y por ende queremos que firmen nuestra petición», señaló Jazz Bustamante.
Ello derivó en que a partir de este jueves la activista continúe con su huelga de hambre, solo que ahora afuera de las instalaciones de la Fiscalía, en donde despacha su titular Verónica Hernández Giadáns; señaló que instalará una casa de campaña y seguirá sin ingerir alimentos junto con otros ocho activistas, entre ellos Aldahir Jiménez, que dejó los medicamentos antirretrovirales contra el VIH como parte de su protesta.
Para los activistas tampoco es suficiente la promesa del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, para aplicar el protocolo de actuación policiaca publicado en la Gaceta Oficial del estado, que establece los principios de actuación durante el primer contacto, la entrevista, la revisión corporal y física, así como la detención, la atención a víctimas, la confidencialidad y la atención telefónica.
Protocolo federal no es suficiente
En 2017 la entonces Procuraduría General de la República emitió el Protocolo de Actuación para el Personal de las instancias de Procuración de Justicia el país en los casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, que buscaba establecer las reglas de actuación que debe seguir el personal que intervenga en la investigación de delitos y la persecución de los responsables de aquellos en casos que involucran a personas LGBTTTI.
El documento es de observancia obligatoria para servidoras y servidores públicos de las Procuradurías/Fiscalías Generales del país en los casos que involucren a personas de la población LGBTTTI que participen, con cualquier calidad, en un procedimiento penal.
Señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sugiere a los Estados, independientemente de contar o no con la legislación penal conducente, investigar en todos los crímenes contra personas LGBTI la posibilidad de que hayan sido cometidos por razones de orientación sexual, identidad de género, real o percibida de la víctima.
Y que para desarrollar el concepto de debida diligencia se debe recuperar y preservar el material probatorio, identificar posibles testigos, obtener declaraciones de los testigos, y determinar la naturaleza, causa lugar y momento del acto investigado, además del examen minucioso de la escena del crimen y realizar los exámenes forenses de manera rigurosa, considerando las causas y consecuencias de la violencia por prejuicios.
Ante la dificultad de establecer el elemento subjetivo de la motivación dada la dificultad de determinar la existencia del prejuicio por parte del perpetrador, existen elementos que podrían ser indicativos de que el delito pudo estar motivado por prejuicio, particularmente tratándose de personas LGBTI como cuando las declaraciones de la víctima u ofendido(a) o persona imputada señalen que el delito estuvo motivado por prejuicio; por la brutalidad del crimen y signos de ensañamiento, incluyendo los casos de homicidio en los que la naturaleza y el nivel de violencia parecen ir más allá de la mera intención de matar y estar dirigidos a castigar o borrar la identidad de la víctima.
Así como con la existencia de insultos o comentarios denigrantes realizados por las o los presuntos responsables que hacen referencia a la orientación sexual, identidad, expresión de género y/o características sexuales de la víctima; también por el estatus de la víctima como activista de temas LGBT como defensor de las personas LGBTI
Señala que el personal ministerial deberá actuar en apego a los principios que rigen el procedimiento penal, así como los relativos al servicio público y de procuración de justicia, de manera imparcial a efecto de evitar todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales: asegurando salvaguardar especialmente los siguientes:
«Las autoridades deberán brindar la atención que garantice la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de los derechos correspondientes; el enfoque de no discriminación implica considerar la realidad particular que viven las personas por virtud de su orientación sexual, identidad de género expresión de género y/o características sexuales, esto es detectar visibilizar y eliminar aquellas desigualdades»
El enfoque diferencial busca responder a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas y faculta a las autoridades para ofrecer en el ámbito de sus respectivas competencias garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación a sus derechos.
Agrega que los servidores públicos que intervengan en el procedimiento garantizarán el manejo y protección de datos personales y datos personales sensibles.
Y reconoce como un derecho personalísimo la identidad personal sexual y de género, pues a partir de estos, las personas se proyectan frente a sí mismas y dentro de una sociedad
Por ello, destaca que las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negar su calidad de víctimas y el Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir por conductas de servidores públicos.
«Debe evitarse la violencia institucional entendida como cualquier conducta u omisión cometida por servidores públicos que atente contra la integridad fisica o emocional de las personas durante el procedimiento. En caso de registrarse un evento de esta naturaleza el superior jerárquico debe hacer la notificación correspondiente a la instancia competente para su investigación y en su caso, sanción Protección integral a los derechos»
Las autoridades no deben agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa a responsable de la comisión de los hechos que denuncie por motivo de su orientación sexual o identidad de género.
Qué dice el protocolo de la SSP
Por su parte, el protocolo de actuación policial de los integrantes operativos de la SSP para la atención de casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género señala que la Secretaría de Seguridad Pública debe generar espacios de interlocución y diálogo permanente con las personas que integran las comunidades lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexualidad para crear líneas de trabajo conjuntas para disminuir la vulneración que viven.
Durante los operativos los operativos deberán regirse bajo los preceptos de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, respetando los derechos humanos, evitando discriminar, estigmatizar, estereotipar y consumar prejuicios en determine todo de la dignidad de las personas no heterosexuales, así como emitir gestos, ademanes, comentarios o calificativos peyorativos o conductas de intolerancia.
Durante el primer contacto con personas LGBTTI se deben garantizar procedimientos policiales apropiados, con un trato respetuoso, no discriminatorio y proteger su integridad, dignidad y bienes y hacerles conocer sus derechos.
En la entrevista, los elementos deben tratarlos según la identidad de género y no el sexo legal y si existe duda sobre cuáles se deberá preguntar de forma respetuosa.
«Los integrantes operativos utilizarán el artículo ´la´, el pronombre personal ´ella´ y la adjetivación femenina con las ciudadanas que son mujeres o transgénero femeninas y a la inversa, se utiliza el artículo ´él´, el pronombre personal ´él´ y la adjetivación masculina con los ciudadanos que son hombres o transgénero masculino», explica.
El trato a las familias homoparentales y lesbomaternales debe ser objetivo, respetuoso y empático, y salvo que se justifique se deberán evitar cuestionamientos relacionados a su orientación sexual. Durante la revisión corporal y física se deben evitar tocamientos lascivos y se debe realizar con el dorso de la mano, con el consentimiento de la persona y llevarse a cabo en lugares no ocultos y ante la presencia de un tercero.
En casos de detención se deberá comunicar el motivo, así como leer cartilla de derechos y deberá ser tratado con dignidad y derecho a la privacidad.
Durante el uso progresivo de la fuerza, los eventos deben tomar en consideración el canon corporal, fuerza física y estado de salud de las personas LGBTTTI; el protocolo también señala que en la atención de víctimas se deben prestar protección y auxilio inmediato, solicitar atención médica y psicológica cuando sea necesario, entre otras.
Sobre la confidencialidad de las actuaciones señalan que no podrán difundir imágenes de personas detenidas o hacer pública la información sobre orientación sexual, discordancia entre sexo legal o género, así como la relativa a datos personales.
Incluso, el protocolo advierte que en las reuniones y asociaciones pacíficas los integrantes operativos deben asegurar el pleno disfrute del derecho a expresar su identidad en acuidades como marchas, actividades culturales, sociales, políticas, académicas y deberán dar protección mediante monitoreo, seguridad o vigilancia. Las quejas realizadas por los miembros de la comunidad LGBTTTI serán interpuestas ante la Dirección General de Asuntos Internos de manera personal.
Pese a ello, apenas cuatro meses después de haber sido publicado este protocolo; es decir, en diciembre, se dio a conocer el caso de Rom Yescas, una mujer trans que trasmitió en su Facebook la detención aparentemente sin justificación por parte de policías estatales.
El video muestra a los elementos a bordo de la patrulla SP34-11, que detuvieron sin motivo la unidad de taxi donde viajaba, con número económico 1783 en la carretera Tejería, cerca del Oxxo de Las Amapolas y aunque no dieron a conocer las razones de la detención ella alertó por el riesgo a su integridad.
«Tengo que cuidar mi integridad porque ustedes son una joyita, (…) Que alguien me ayude porque con esta gente ya ni se sabe y con la inseguridad en Veracruz menos todavía» reclamó a los policías y estos, le notificaron al taxista: «joven: usted puede seguir, su pasajero es algo especial»
Los policías esposaron a la pasajera del taxi, y la mujer denunció lesiones y exceso de fuerza de parte de los patrulleros.
«Me estás arrancando el cabello. Me estás lastimando, ¡aflojame las esposas que me estás lastimando!, ¡no sabes lo que acabas de hacer! No estás viendo que atoraron mi cabello con las esposas» reclamo Yescas.
Policías acusados por cobrar piso
Trabajadoras sexuales en Xalapa han denunciado que los elementos policiacos las acosan y les exigen el pago de un «cobro de piso» para dejarlas trabajar y muchas de ellas han tenido que abandonar su trabajo.
El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTIQ, Benjamín Callejas Hernández, acusó que tienen documentados al menos 30 casos en la capital del estado y que se iniciaron investigaciones en Asunto Internos pero no había avance.
Por ello, presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a raíz de ello se logró una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.
«Las policías estatales acosan a personas de la diversidad sexual, principalmente a las trabajadoras sexuales además al interior de la dependencia hay un acoso grande, incluso algunas denuncias no se presentaban por temor de las trabajadoras sexuales en Lázaro Cárdenas; los policías las acosan, las extorsionan, les piden derecho de piso y las chicas se ven acorraladas, se ha llevado a la CEDH».
En la reunión se estableció el acuerdo de difundir entre los policías el protocolo de atención a la población de la diversidad sexual publicado el 26 de agosto de 2019.
«Es un avance importante en una institución que entre la sociedad no es bien vista porque no sabemos si la policía nos cuida o nos va a atracar».
Y pidieron implementar sanciones para los policías que actúen con irregularidades o de manera discriminatoria contra los miembros de la diversidad sexual.
Pese a ello, otro grupo de activistas ha señalado que nada de esto es suficiente mientras desde la Fiscalía de Veracruz no se cree un protocolo para establecer las agravantes en los casos de crímenes contra miembros de la diversidad sexual y se establezcan mesas interinstitucional permanentes para atender y dar seguimiento a cada caso.
Catalina recibió ocho puñaladas de quien dijo ser su amigo. Carla y Dayanara fueron brutalmente golpeadas. Fernanda murió sin atención médica.
Catalina es una luchadora feminista por los derechos humanos y la equidad.
Leny Chuquimia / La Paz
La madrugada del sábado, la activista trans Catalina Parada fue víctima de un ataque de odio en el que uno de sus amigos le asestó ocho puñaladas en víspera de su cumpleaños. Su caso es el tercero en lo que va del mes. La crisis sanitaria ha desnudado una serie de vulnerabilidades que deja a esta población en la total indefensión y pobreza.
“No fue un día para celebrar, esto marcó mi vida para siempre, uno no sabe con quién comparte. Mi vida casi fue arrebatada por un supuesto amigo que se perdió por la mezcla de bebidas alcohólicas. Fui atacada sorpresivamente con varias puñaladas. Me dejó tirada en el piso y él se dio a la fuga”, relató en su cuenta de Facebook la activista trans -de 25 años- Catalina Parada.
El examen forense da cuenta de ocho puñaladas que le causaron heridas de distinta magnitud en el rostro, el cuello, el tórax, brazos y piernas. La denuncia ya fue hecha y se busca al autor del intento de feminicidio a una mujer trans.
Catalina es trabajadora sexual, como la gran parte de las mujeres trans. Muchas, por su condición de extrema pobreza, de constante discriminación y vulnerabilidad, ve en este oficio una forma de conseguir sustento.
Por las restricciones de la cuarentena se quedaron sin estos ingresos y sin los pocos trabajos eventuales y poco remunerados que antes les ayudaba a pagar alquileres y alimentos.
“En una encuesta que levantamos entre las compañeras de Santa Cruz, hemos advertido que el 70% vive en una habitación en alquiler en condiciones muy precarias. En muchos casos viven entre varias para solventar gastos, una situación que se ha agravado con la pandemia. Muchas están siendo botadas de sus casas”, explicó el activista transfeminista Denilson Montaño.
Es el caso de Carla. La madrugada del viernes 3 de julio salió a trabajar de forma clandestina. Se encontraba entre la calle Ingavi y la avenida Cañoto, cuando un hombre se le acercó para pactar un servicio sexual.
Tras una breve charla, Carla decidió cobrar por adelantado, lo que desencadenó un brutal ataque. Fue golpeada hasta quedar inconsciente. Solo recuerda haber despertado en media calle completamente ensangrentada.
Y es que cuando el hambre apremia, las restricciones vigentes ya no son la prioridad y tampoco lo es el miedo de lo que pueda pasar. No ayuda que gran parte de las trans no han podido acceder al bono universal ofrecido por el Gobierno.
“Es preocupante, pero cerca del 10% no tiene ningún tipo de documento de identidad, ni siquiera certificados de nacimiento, lo que les impide ejercer su ciudadanía”, explicó Álex Bernabé del Movimiento de la Diversidad Sexual y de Género de Santa Cruz y la Fundación Igualdad LGBT y RHRN.
Pero no solo es la falta de un documento de identificación. Los trámites de cambio de identidad de género se han detenido por la presencia del Covid-19 en el país, lo que se suma a lo ya burocráticos que eran.
Aunque varias tienen un documento de su anterior identidad, surge el problema cuando lo presentan y esa no coincide con la actual y con su nueva apariencia. Por eso se ven obligadas a salir a las calles en plena crisis.
El sábado 4 de julio, cerca las 2:30, se perpetró un nuevo ataque. Esta vez la víctima era Dayanara. Su posible cliente tenía la apariencia de un guardia de seguridad. Llevaba botas, un pantalón azul y una chamarra oscura. Era alto y muy fornido.
Al igual que en caso de Carla la violencia se desencadeno porque Dayanara decidió cobrar primero. Fue atacada y cuando ya se encontraba en el suelo, él la amenazó con darle un golpe mortal con un ladrillo.
“Igual que en cualquier caso hemos tenido que ser nuestros propios investigadores y conseguir las pruebas. Hemos pedido las imágenes de las cámaras de seguridad y ya las tenemos”, indicó Bernabé.
“Nuestras vidas están expuestas a muchos peligros por hombres homofóbicos transfóbicos. No estoy sola, buscaré justicia para mí y para que mi agresor esté en la cárcel por lo q me hizo. Muchos agresores violentos circulan por redes sociales y por fuera de ellas”, publicó Catalina para pedir justicia.
Murió por prejuicio y falta de prueba Covid
El 27 de mayo, al promediar las 23:00, Fernanda llegó al centro de salud Lazaretto sin ningún síntoma de Covid-19. Estaba inconsciente y con heridas en la cabeza y en la pierna. Estuvo en puertas del nosocomio, sin atención y ya agonizante por 12 horas.
Nadie se acercó a ella por temor a que lo que tuviera sea coronavirus. Horas antes, el personal de ese centro pidió ayuda al Defensor del Pueblo, pues se vieron a si mismos insuficientes ante este caso.
La notificación llegó al Movimiento de la Diversidad Sexual y de Género de Santa Cruz, que logró contactarse con un familiar y solicitó auxilio a las autoridades gubernamentales departamentales.
Mientras se hacían las gestiones, la hermana de Fernanda se la llevó a su domicilio.
Horas más tarde la secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz dio luz verde para el traslado al Centro Pueblo Nuevo. Allí le realizaron varias pruebas, menos la de Covid-19.
El viernes 29 de mayo, Fernanda fue retirada del sanatorio debido a que los médicos suponían que era un riesgo para el resto de los pacientes y que necesitaba atención especializada. Sin más aclaraciones fue despachada con una nota de referencia al Hospital San Juan de Dios.
Allí el personal médico no la recibió por falta de espacio. Aunque se prometió la atención médica, nadie se le acercó. Sin esperanzas, su hermana se la llevó a su casa, donde murió el sábado 30 de mayo.
Desde la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, se han realizado más de 20.000 uniones entre personas del mismo sexo en Argentina
Un 15 de julio de 2010, Argentina aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario en todo su territorio nacional. Con ello, el país fue pionero en permitir la unión entre personas del mismo sexo en América Latina. Este año festeja los 10 años de la sanción de esta ley.
Argentina se transformó en el primer país de América Latina en aprobar y legalizar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo un 15 de julio del 2010. La euforia alegre estalló en miles de manifestantes que se encontraban en la Plaza de los Dos Congresos. Dentro del edificio, y luego de 14 horas de debate, la sanción de la ley concluía con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones.
Esta ley contempla la posibilidad de la adopción de menores por parte de parejas homosexuales. Mientras que deja en claro que «ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo.
La bandera se podrá lucir en la Usina del Arte, Palacio Lezama, Planetario y Torre Monumental. Se verá forma completa y con todos los colores a la vez.
En la Plaza Congreso, Monumento a los Españoles, Floralis Genérica y el Puente de la Mujer los colores se irán alternando.
Un tribunal dio razón a la pareja y la suya será la primera unión libre de personas del mismo sexo con reconocimiento por parte del Estado. “Es cuestión de hacer justicia con el amor”, dicen ellos.
María O. García / La Paz
“¿Cuán horrendos serían estos tiempos de coronavirus y cuarentena si tú no estuvieras a mi lado?”, le pregunta David Aruquipa a Guido Montaño en modo afirmación. Tras más de una década brindándose caricias de apoyo y una larga lucha, esta pareja podrá celebrar muy pronto la que será la primera unión libre de personas del mismo sexo con reconocimiento oficial por parte del Estado.
David y Guido no tenían nada que esconder cuando se dieron su primer beso. Cada cual cargaba consigo una historia personal marcada por el mismo aspecto: la lucha por hacerse visibles y por ser quienes realmente son.
Se conocieron allá por 2008 y un año después tuvieron la oportunidad de formar parte de una delegación oficial que representaba al país en el Mercosur Cultural, que tuvo lugar en Asunción (Paraguay).
En esa reunión, el grupo de técnicos de los países del Mercosur eligió a David para presentar ante todas las autoridades los resultados del trabajo realizado por Bolivia para su aprobación. Ante tal responsabilidad, no había otra alternativa que hacerlo bien y David buscó en Guido, su colega de trabajo, el apoyo que necesitaba.
“Él me dice: ‘Tranquilo, lo vas a hacer bien. Es un honor que tú puedas estar presentando este trabajo ante todos los ministros’”, recuerda David, quien es administrador de empresas y gestor cultural. Y así fue. Su presentación se cobró la sonrisa y el aplauso de todos y cada uno de los allí presentes.
Y tras el “triunfo político”, el amor. Según David, esa “fuerza de acompañamiento” de Guido acarició su alma y en medio de los festejos de esa noche asomó el momento perfecto para demostrárselo con algo tan poderoso como un beso.
“Estábamos en un restaurante y ahí encaramos el primer acto de homofobia. Nos quisieron dar un lugar privado para estar ‘tranquilos’, pero nosotros no aceptamos porque nuestras vidas ya estaban cargadas de luchas personales y no teníamos nada que esconder”, relata David.
A lo que Guido, que es abogado, añade: “Esa situación, fuera del ambiente de trabajo, nos permitió apoyarnos y compartir. Eso ayudó a que surja el amor y a partir de ahí empezamos nuestra relación”.
De este comienzo han pasado ya 11 años, a través de los cuales ambos han ido escribiendo una historia que trata sobre el respeto, el cuidado, la protección y la adoración.[img alt=»» height=»156″ src=»https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/m/2020/7/18/f768x400-318043_361946_64.jpg» width=»300″>David y Guido comparten su amor y sus vidas desde hace 11 años.
La lucha por sus derechos
David y Guido, de 48 y 45 años respectivamente, tienen muchas cosas en común: aman viajar, descubrir sabores, disfrutar de la cultura y el arte y ambos son activistas en favor de los derechos humanos. En definitiva, comparten un proyecto de vida y luchan por él juntos desde ese primer beso.
Tanto ellos como sus familias han celebrado las uniones de hermanos, primos, sobrinos y cualquier pareja heterosexual que se haya decidido a dar ese paso con el que sellar su amor. A lo que ellos se preguntan: ‘¿Y por qué la nuestra no?’
Con ese propósito, el 5 de octubre de 2018 David y Guido se presentaron en las oficinas del Servicio de Registro Cívico (Serecí) departamental de La Paz para solicitar la inscripción de su unión civil. Lo hicieron acompañados por los abogados de Derechos en Acción y la Comunidad de Derechos Humanos, promotores de este caso.
Sin embargo, el trámite administrativo iniciado ese año fue rechazado en numerosas oportunidades por el Serecí, argumentado enfoques restrictivos de derechos y apelando a fundamentos “anacrónicos” y “descontextualizados”, de acuerdo a la pareja.
A partir de esa resolución, David y Guido deciden impugnar -el pasado 10 de febrero- la decisión del Serecí y recurren a la justicia constitucional argumentando que la Constitución Política del Estado (CPE) coloca por encima de su propio texto los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que Bolivia sea parte.
Y el 3 de julio, aún con la resaca de la conmemoración del mes de las diversidades sexuales y de género, la jurisdicción constitucional de La Paz emitió un trascendental fallo que les dio la razón, sentando un precedente a favor de las reivindicaciones y los derechos humanos de la población LGBTI en Bolivia.
“Escuchar ese fallo fue realmente emocionante, ya que nos llevó a pensar que existen posibilidades de hacer justicia en este país”, señala David.[img alt=»» height=»300″ src=»https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/m/2020/7/18/f768x1-318044_318171_93.jpg» width=»280″ >Celebrarán su unión libre, la primera reconocida en Bolivia.
La primera unión libre oficial
Los dos vocales consideraron, en forma unánime, que la resolución del director nacional del Serecí era lesiva de los derechos humanos de Guido y David.
Y, finalmente, determinaron que se debe aplicar preferentemente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Opinión Consultiva 24 (OC-24) y que expresa: “no encuentra motivos para desconocer el vínculo familiar que parejas del mismo sexo pueden establecer por medio de relaciones afectivas con ánimo de permanencia, que buscan emprender un proyecto de vida conjunto, típicamente caracterizado por cooperación y apoyo mutuo”.
Acogiendo todos los argumentos de la pareja y asumiendo la aplicación preferente de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, los vocales ordenaron al director nacional del Serecí emitir una nueva resolución.
La Sala Constitucional le dio al Serecí el plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación escrita (que se hará la próxima semana) para volver a pronunciarse. Y deberá hacerlo tomando como parámetro el estándar de protección más alto contemplado en la Convención Americana y la OC-24 de la Corte IDH.
Organizaciones como Amnistía Internacional Américas o la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), entre otras, saludaron la decisión de anular la resolución administrativa del Serecí de 2019. “Llamamos al registro civil Serecí a emitir una nueva resolución apegada a las obligaciones internacionales de Bolivia ¡ya!”, publicó Amnistía Internacional Américas en su cuenta oficial de Twitter. [img alt=»» height=»300″ src=»https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/m/2020/7/18/f768x1-318045_318172_93.jpg» width=»280″ >“Es una cuestión de hacer justicia con el amor”, aseguran.
Del “triunfo político” al amor
“Los que firmasen ese documento pasarían a la historia como personas que han posibilitado los derechos de una población históricamente excluida en este país y nuestra gente podrá ser más feliz. Es importante dar muestra de que Bolivia ha superado ya estas situaciones de discriminación”, señala por su parte David.
Según el abogado Ibargüen, esta decisión de la justicia constitucional marca un “hito” para la poblacio´n LGBTI en Bolivia, muy en sintoni´a con los cambios que se han venido dando en la región en el u´ltimo tiempo a favor de los derechos de esta poblacio´n.
Mientras tanto, para David y Guido supone “una luz en el camino” y esperan que en un futuro se convierta en una norma que permita que las uniones de otras parejas del mismo sexo puedan ser abrazadas por el Estado. Un paso necesario para dejar atrás la desprotección en la que muchas personas se encuentran en la actualidad por el simple hecho de amar.
“Este es un tema de derechos, de legislación y jurídico. La estamos peleando porque basta de estar viviendo a la sombra de un Estado que no nos reconoce. Hay que hacer justicia con el amor”, sentencia David.
Organizaciones celebran el fallo
Tras conocerse el fallo de la Sala Constitucional de La Paz, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional Américas o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia saludaron la decisión de anular la resolución administrativa del Serecí de 2019 que había negado el derecho de David Aruquipa y Guido Montaño a la unión libre.
“La determinación de la Sala Constitucional supone el resguardo de los derechos de las personas sin importar su orientación sexual y viabiliza la obtención del reconocimiento y certificación oficial de la unión libre de una pareja del mismo sexo, que inició su vida en común hace más de una década”, señaló la ONU en un comunicado.
Asimismo, instó al Serecí a cumplir la “decisión vinculante” y a la “reformulación de su resolución de conformidad a los estándares internacionales para viabilizar el registro de esta unión libre y así garantizar un trato justo e igualitario a las parejas del mismo sexo”.
En el mismo sentido se pronunció la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh): “La Misión saluda el fallo de la Sala Constitucional de La Paz que anuló una resolución del Serecí, la cual rechazaba la solicitud de una pareja del mismo sexo para certificar su unión libre”, dijo en RRSS.
La Oacnudh planteó también que los Estados modifiquen las figuras existentes, a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para ampliarlas a las parejas del mismo sexo.
Amnistía Internacional Américas resaltó que el fallo recuerda que “los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación (…)”.
Los argumentos
Sereci Los argumentos centrales del Serecí para rechazar a los dos demandantes el derecho a la unión libre fueron que el artículo 63.II de la CPE y el Art. 168.II de la Ley 603 (Co´digo de las Familias) solo autorizan las uniones libres de parejas heterosexuales.
David y Guido Al impugnar la resolución del Serecí, la pareja se basó en el artículo 256 de la CPE, cuyo inciso I establece que “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”. El Inciso II señala que “los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz anuló una resolución administrativa del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de 2019, que había negado el derecho de dos personas del mismo sexo a la unión libre, una opción que tienen las personas heterosexuales. Dos homosexuales residentes en La Paz, que conviven desde hace diez años, impugnaron la decisión del Serecí y recurrieron a la justicia constitucional.
Los dos vocales de la Sala Constitucional Segunda consideraron que la resolución administrativa del director nacional de Serecí, Diego Tejerina, era lesiva de los derechos humanos de los interesados, declaró a Brújula Digital el abogado de la defensa, Guido Ibargüen.
En consecuencia, acogiendo todos los argumentos de la pareja, los dos vocales decidieron dejar la determinación del Serecí sin efecto legal, ordenando a Tejerina emitir una nueva resolución en el marco del control de convencionalidad, empleando como parámetro la Convención Americana y la opinión consultiva 24/2017 de la Corte IDH. La Sala Constitucional le dio al Serecí el plazo de diez días hábiles para volver a pronunciarse tomando en cuenta las normas internacionales.
La unión civil es una forma jurídica de constituir una familia reconocida y protegida por el Estado, que tiene los mismos efectos jurídicos que el matrimonio civil.
El inciso I del artículo 256 de la Constitución Política del Estado boliviana señala que “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”. El Inciso II establece que “los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”.
En ello se basó la pareja al impugnar la resolución del Serecí. Los dos beneficiados por el fallo, cuya identidad Ibargüen prefirió no revelar por el momento, calificaron el mismo como “histórico”.
Ibargüen, especialista en derechos humanos y abogado de la pareja, dijo a Brújula Digital que el Serecí deberá ahora redactar una nueva resolución tomando en cuenta el Derecho Interamericano de los Derechos Humanos, específicamente en estos aspectos:
La Corte Interamericana ya ha establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. “Por ello, está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”, estableció la Corte.
Ibargüen dijo también que la “proscribe la discriminación, en general, incluyendo en ello categorías como las de la orientación sexual la que no puede servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos establecidos en la Convención. Lo anterior sería contrario a lo establecido en el artículo 1.1. de la Convención Americana”.
La Corte IDH, en su opinión consultiva 24/2007 expresó que “no encuentra motivos para desconocer el vínculo familiar que parejas del mismo sexo pueden establecer por medio de relaciones afectivas con ánimo de permanencia, que buscan emprender un proyecto de vida conjunto, típicamente caracterizado por cooperación y apoyo mutuo”.
A juicio de esa Corte “no es su rol distinguir la valía que tiene un vínculo familiar respecto de otro. No obstante, esta Corte estima que sí es obligación de los Estados reconocer estos vínculos familiares y protegerlos de acuerdo a la Convención”.
Ibargüen agregó también que “la Corte (Interamericana)” coincidió con su par europeo “en cuanto a que sería una distinción artificial afirmar que una pareja del mismo sexo no puede gozar de un vínculo familiar como lo podría hacer una pareja heterosexual”.
Por ello, la Convención Americana, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar (artículo 11.2), así como del derecho a la protección de la familia (artículo 17), “protege el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo en los términos establecidos en los párrafos 173 a 199”.
Estos son los elementos, dijo Ibargüen, que ahora el Serecí deberá tomar en cuenta en su nueva resolución.
Los argumentos centrales del Serecí para rechazar a los dos demandantes el derecho a la unión libre fueron que el artículo 63.II de la CPE y el 168.II del Código de las Familias, solo autorizan las uniones libres de parejas heterosexuales.
Sin embargo, Ibargüen expresó, como ya se vio, que la Constitución boliviana coloca por encima de su propio texto los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Bolivia sea parte.
En el marco de proyecto ADELANTE CON LA DIVERSIDAD II con el apoyo de HIVOS y la UE se convoca a la primera versión del año uno del concurso de podcast “Voces LGBTI al aire”
Ante la necesidad de brindar espacios para abordar temas relevantes que aporten a la lucha constante en defensa de los derechos LGBTI en Bolivia, nace esta iniciativa de generar podcast en el canal de Spotify de ADESPROC LIBERTAD, para ello convocamos al publico en general a presentar sus propuestas.
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unque por la pandemia del Covid-19 tuvo que realizarse de manera virtual, sin embargo, no fue impedimento para que artistas como, Danna Paola, Belinda, Ricky Martín, Thalía, Joy Huerta, Kany García y otros famosos
Joy Huerta, la integrante de la agrupación Jesse & Joy ha compartido durante todo el mes de junio información sobre la comunidad LGBT. Además publicó una fotografía donde aparece con su esposa y su hija
Es mes se celebra el Orgullo LGBT, junio celebra la diversidad sexual y ondea la bandera del respeto a los derechos de la comunidad con festivales, campañas de concientización y desfiles. Motivo por el cual diversas celebridades y líderes se unieron para realizar la 42 Marcha del Orgullo LGBTTTI+.
Aunque por la pandemia del Covid-19 tuvo que realizarse de manera virtual, sin embargo, no fue impedimento para que artistas como, Danna Paola, Belinda, Ricky Martín, Thalía, Joy Huerta, Kany García y otros famosos han compartido mensajes de solidaridad y apoyo a la comunidad.
Una de las celebridades más representativas en la comunidad LGBT es Thalía y por su puesto fue quien dio el “banderazo” para dar inicio a la macha digital que se celebró este 27 de junio, además compartió algunas fotografías en las que posa junto a la bandera de la comunidad LGBT.
“Nuestros corazones laten a diferentes ritmos y diferentes tiempos, pero juntos crean una maravillosa sinfonía que llena de amor, libertad y alegría este planeta”, escribió la artista.
A la causa también se unió Belinda quien compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que luce colorido maquillaje alusivo a la bandera LGBT, incluso aprovechó teñir su cabello de rosa. Al final de su transformación compartió las fotografías con un mensaje sobre el amor y la importancia de celebrar la diversidad sexual.
Una de las cantantes más reconocidas del momento es Danna Paola, y no perdió la oportunidad de unirse al movimiento con el sencillo “TQ y Ya“, una canción que trata del respeto a los derechos de la comunidad LGBT, por lo que el tema de inmediato se convirtió en todo un éxito, además sus fans le agradecieron por siempre unirse a causas sociales.
Cabe destacar que la interprete ha estado compartiendo mensajes a través de sus redes sociales en apoyo a la comunidad LGBT, en los cuales señala que “el amor es amor” sin importar la orientación sexual o la identidad de género de la persona.
Por otro lado, la cantante Kany García también celebró el Orgullo LGBT, quien compartió una fotografía junto a su esposa, Jocelyn Troche, acompañada de un mensaje sobre la diversidad sexual.
“Si tu círculo no aporta, sacúdete y crea uno a pulmón! La vida es tan y tan corta! Sé feliz y se fiel a ti! #happypride”, señaló.
Por su parte el cantante puertorriqueño Ricky Martin, compartió una romántica fotografía junto a su pareja, Jwan Yosef para celebrar el Mes del Orgulllo. En la imagen aparecen besándose llevando cubrebocas.
Joy Huerta, la integrante de la agrupación Jesse & Joy ha compartido durante todo el mes de junio información sobre la comunidad LGBT. Además publicó una fotografía donde aparece con su esposa y su hija, quien recientemente cumplió 1 año.
“Tu existencia es fruto de resistencia y resiliencia de quienes iniciaron esta lucha por nosotrxs (…) Hoy y todos los días celebramos orgullosamente nuestra diversidad. Pero también dejando claro que aún falta mucho, mucho por lograr igualdad de derechos humanos”, escribió la pareja en Instagram.
Durante la pandemia, los bolivianos nos hemos enfrentando a grandes desafíos y miedos, y las personas trans, lesbianas, gays, bisexuales (Colectivo TLGB) no somos la excepción. Estamos viviendo una situación muy crítica, sobre todo, por la falta de trabajo o las dificultades en el acceso a la salud, y no solo por la pandemia, sino porque día a día nos enfrentamos a estigmas y formas de discriminación en una sociedad machista.
Algunas de estas historias son muy similares a las de cualquier otra persona, por ejemplo, tuvimos que retornar con nuestras familias, hacer uso de nuestros seguros de salud o enfrentarnos a un despido. El problema es que, al retornar a casa, somos rechazados en nuestro hogar. Los seguros de salud no tienen una cobertura compartida con nuestras parejas o resulta más difícil que seamos contratados en un empleo formal debido a la discriminación.
En general, no tenemos a nadie con quien compartir nuestros miedos y temores sobre el COVID-19, lo cual da cuenta de la soledad y vulnerabilidad que tenemos en cuanto a nuestra salud mental, misma que ya estaba afectada antes de la pandemia.
Recientemente, el Instituto para el Desarrollo Humano realizó una encuesta virtual dirigida al Colectivo TLGB. Los resultados develaron que, a pesar de haber mayor apertura de la sociedad hacia nosotros, aún nos resulta difícil establecer relaciones amorosas estables, tendemos a la soledad y encontramos en algunos amigos a una “familia adoptiva” con la que creamos lazos de amistad que se convierte en nuestras redes de apoyo.
Este panorama es crítico, pero todos estos años de lucha nos enseñaron que juntos somos más fuertes. Durante esta pandemia, líderes, activistas e instituciones hicimos frente a la emergencia sanitaria atendiendo a los sectores desesperados y más necesitados de la población de las Diversidades Sexuales y nos movilizamos para brindar apoyo alimentario y de salud.
Esta reflexión nos invita a reconocer estas similitudes en cuanto a los miedos y angustias que vivimos las personas TLGB y las personas heterosexuales. Finalmente, compartimos una misma sociedad que se está enfrentando al COVID-19; sin embargo, nuestra situación se hace crítica al no contar con un marco normativo que garantice una vida libre de discriminación, el derecho a formar familias, acceder a trabajos dignos y a la cobertura médica. Las Diversidades Sexuales y de Género hemos dado grandes avances en la lucha contra los estigmas y discriminación, sin embargo, vamos un paso atrás respecto a otros países de la región.
Para marcar una diferencia y expresar nuestras demandas y anhelos, celebramos en el mes de junio el reconocimiento a las diversidades sexuales y de género. Es una oportunidad para reivindicar nuestras luchas, por lo que este año realizamos ayer una marcha virtual bajo el lema: “Separades por la pandemia, Unides por nuestros derechos”.
WILLAN MONTAÑO
Facilitador de Salud/DDHH en el Instituto para el Desarrollo Humano
NUEVA YORK (AP) — Hubo protestas, banderas de arcoíris, actuaciones y todo lo demás típico del día del desfile del orgullo LGBT.
Pero lo que normalmente es una multitud de personas en las calles de la ciudad de Nueva York, se veía un poco diferente este año, debido a las medidas de distanciamiento social implementadas a causa del coronavirus.
Con el enorme desfile del orgullo LGBT cancelado en la ciudad, las actuaciones del domingo fueron virtuales, las banderas ondearon en sitios vacíos y los pocos manifestantes portaron mascarillas.
Los estragos causados por el virus serían una agravante en cualquier año, pero lo fueron particularmente en esta edición: el aniversario 50 del primer desfile del orgullo LGBT en la ciudad de Nueva York.
“Es algo muy bueno porque el desfile original comenzó con el movimiento de derechos civiles”, comentó Matthew Fischer mientras pasaba una botella de gel desinfectante de manos en Foley Square. “Así que realmente estamos regresando a las raíces de eso y asegurándonos de abarcar todo lo que empodera a la gente a ser quienes son”.
Fischer dijo que este año era importante mostrar cooperación entre las comunidades de raza negra y la LGBTQ, debido a la ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial.
Varias personas en la multitud en Foley Square sostuvieron letreros en los que se leía: “Todas las vidas de los afroestadounidenses importan” con un puño negro rodeado por colores de arcoíris. La mayoría portó mascarillas, aunque algunos desecharon el distanciamiento social para abrazar a sus amigos. Un hombre sostenía un cartel en el que promocionaba abrazos gratis.
