La situación se agudiza cuando se asocian estados con una carga social, donde si bien el VIH es transversal a toda la población, la más estigmatizada al respecto es la comunidad LGBTQ+. Frente a esto, ONUSIDA, líder mundial en medicina basada en evidencia en torno a VIH, publicó en abril del presente año una encuesta a nivel latinoamericano, donde se estima que un 83.1% – de una muestra de 1.245 personas seropositivas – desean recibir consejos para la atención en contexto de COVID19⁴. Además, sólo una de cada diez personas manifiestan tener provisión de antirretrovirales por los próximos 3 meses.
Existen poblaciones históricamente vulneradas por el sistema, las cuales en una emergencia sanitaria corren una mayor suerte de incertidumbre debido a que aumentan significativamente los riesgos a los que tradicionalmente están expuestas. La emergencia en torno al COVID19 no es una excepción: transcurrida una primera etapa de la pandemia actual, se evidencian diversas variables que influyen en la vida de estas poblaciones, las que podemos entender como efectos colaterales de las medidas ya implementadas.
Permitiéndome usar una analogía con la práctica médica, frente a la aparición de toda enfermedad se indaga en los factores de riesgo concomitantes que podrían significar una dificultad en la evolución clínica de la o el paciente. La comunidad LGBTQ+ es un grupo en que sus riesgos surgen a partir de conductas sociales discriminatorias, y no por características intrínsecas de la orientación sexual ni la identidad de género, corriendo el riesgo de verse doblemente afectadas bajo la infección que vivimos hoy.
Bajo esta situación, se ha publicado que una de las variables con mayor morbimortalidad en contexto de COVID19 es la edad. Movement Advancement Project, organización de investigación sin fines de lucro, compara personas LGBTQ+ sobre los 50 años frente a sus pares heterosexuales y cisgénero¹. El primer grupo duplica a su contraparte en la cantidad de personas que son solteras, que viven solas, y que poseen una red de apoyo más limitada. Esto conlleva una dificultad para poder cumplir una reclusión voluntaria y total, además de aumentar el riesgo de deterioro clínico sin asistencia en caso de presentar enfermedad.
En escasas ocasiones la persona es afectada en sólo una dimensión. Existe alta incidencia de personas LGBTQ+ que sufren rechazo familiar, acoso escolar y/o laboral, dejando espacio para la posible aparición de trastornos de salud mental, como episodios depresivos e ideación suicida. Lo anterior es el segundo factor de riesgo de nuestra anamnesis, que se agudiza en contexto de aislamiento social en ausencia de una red de apoyo.
Por otro lado, y en la línea de los factores de riesgo modificables, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos² (CIDH) y The National LGBT Cancer Network de Estados Unidos³, existen al menos 3 factores que ponen en mayor riesgo a la población LGBTIQ+: a) mayor consumo de tabaco, b) mayor tasa de personas que viven con VIH o cáncer, lo que puede comprometer el sistema inmune, y c) el trato discriminatorio del sistema de salud que en ocasiones ha mostrado desconocer las necesidades específicas de la población, lo que propicia experiencias incómodas y violentas.
La situación se agudiza cuando se asocian estados con una carga social, donde si bien el VIH es transversal a toda la población, la más estigmatizada al respecto es la comunidad LGBTQ+. Frente a esto, ONUSIDA, líder mundial en medicina basada en evidencia en torno a VIH, publicó en abril del presente año una encuesta a nivel latinoamericano, donde se estima que un 83.1% – de una muestra de 1.245 personas seropositivas – desean recibir consejos para la atención en contexto de COVID19⁴. Además, sólo una de cada diez personas manifiestan tener provisión de antirretrovirales por los próximos 3 meses. Dicha institución invita a los programas nacionales de VIH que en lo posible provean al menos dos o tres meses de tratamiento antirretroviral por adelantado. Actualmente el temor a la estigmatización histórica se acompaña a la escasa información desde instituciones gubernamentales que precisen sobre posibles riesgos existentes en la asociación de VIH y COVID19.
En el mismo orden de acceso a medicamentos, las personas trans que han iniciado o mantenido terapia de sustitución hormonal se han visto en la incertidumbre de la continuidad de sus programas, donde el principal canal de comunicación han sido sus equipos de salud, que por voluntades personales han acompañado en el proceso de transición, aún sin contar en 2020 con un programa a nivel ministerial que establezca directrices universales para dichas iniciativas.
En conclusión, se reconoce que las personas LGBTQ+ atraviesan una serie de riesgos debido a condiciones estructurales, y no por características intrínsecas de la comunidad. Precisamente como lo indica la CIDH², es momento de que los Estados refuercen los derechos de igualdad y no discriminación mediante pronunciamientos públicos de categórico rechazo a cualquier acto de discriminación.
Frente a este diagnóstico, ya no individual sino social, la organización de la comunidad LGBTQ+ ha sido vital para la búsqueda de espacios de encuentro, en donde reconocen sus distintas realidades en respuesta al desamparo estatal.
Por último, para finalizar un caso clínico luego de haber identificado el diagnóstico, se continúa con estrategias terapéuticas, medidas que en este caso logren remediar los efectos de la omisión y la discriminación, promuevan la necesaria visibilidad, y aseguren protección social sobre todo por parte de las instancias de gobierno, puesto que si no lo hacen, se perpetúa y agudiza esta lógica histórica de negligencia social.
Fuente: https://www.eldesconcierto.cl/2020/05/11/diagnostico-a-una-persona-lgbtq-cruce-de-antecedentes-y-factores-de-riesgo-agudizados-en-torno-a-covid-19/