Pese a los avances, la violencia contra la diversidad sexual y de género sigue presente en todas las esquinas del mundo y en 69 países esa diversidad continúa prohibida. La discriminación se muestra en todos los órdenes de la vida, desde la educación hasta el empleo. En la raíz de tanto estigma está el hecho de que la mera existencia de las personas LGBT cuestiona las tradicionales relaciones de poder.
En un reciente informe dirigido a la Asamblea General, el experto independiente* sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género asegura que “el auge de grupos ultraconservadores y ultranacionalistas, que reivindican ‘identidades’ a expensas de las minorías sexuales y de género, ha puesto en jaque los avances logrados en varios países y ha impedido la elaboración de leyes y políticas que incluyan a las personas LGBT”.
Victor Madrigal-Borloz señala en ese documento que, en los últimos años, estos grupos han ido creando un discurso que socava los derechos relacionados con el género y la sexualidad y han intensificado sus actividades con la esperanza de hacer retroceder esos avances.
Tal discurso alienta la percepción de las personas LGBT como “los otros”, promueve su exclusión y aumenta las agresiones nacidas del odio.
La diversidad sexual y de género ha existido en toda cultura y en todo los confines del mundo.
La violencia y la discriminación “siguen manifestándose en todas las esquinas del mundo”, según dijo en una entrevista con Noticias ONU, en la que destacó que la criminalización de la identidad de género y de la orientación sexual sigue vigente en 69 Estados.
Y ello pese a que “la diversidad sexual y de género ha existido en toda cultura y en todos los confines del mundo”, indica Madrigal en la entrevista frente a quienes sostienen que tal variedad es “una agenda occidental o del norte global” y niegan la existencia de gais, lesbianas, bisexuales, trans y otras minorías en sus Estados.
Para el experto, en la raíz de esa violencia y discriminación está el hecho de que la mera existencia de estas personas cuestiona las relaciones de poder con los órdenes primarios establecidos en la sociedad.
Una sociedad binaria
“Nuestros mundos están construidos de una manera importante sobre la base de una concepción binaria de la sociedad, que otorga ciertas consecuencias inmediatas a configuraciones genitales. Si uno nace con pene y testículos o si uno nace con vagina, existen ciertos roles sociales que son automáticamente atribuidos”, explica.
Algunas de esas cuestiones pueden parecer muy básicas, como la atribución colores el rosa para las niñas, el celeste para los niños: “Asuntos que no tienen asidero en una lógica objetiva”, pero que “llevan a una serie de consecuencias y conclusiones que, aumentadas y acumuladas”, conducen a la concepción de cuáles son los papeles y el lugar que cada uno debe desempeñar en la familia, en el hogar o en los estratos laborales.
De esa forma, la diversidad sexual y de género cuestionan el orden establecido porque presentan nuevas explicaciones a la relación entre poder y las configuraciones genitales.
“Mi teoría es que, en la base de la violencia y discriminación que pretenden silenciar, invisibilizar y eliminar la diversidad sexual, existe una defensa de estos órdenes primarios de la sociedad, en la misma forma que la lucha que enfrentan quienes trabajan en la erradicación de la violencia contra la mujer, porque también en la base de esta violencia existe una defensa de estos órdenes”, sostiene.
Ese trabajo por mantener las actuales relaciones de poder y el orden establecido se manifiesta a través de ciertos mecanismos:
- la negación, la idea de que estas personas no existen
- el estigma, que se instrumenta mediante la criminalización y la prohibición
- la idea de que la existencia diversa es de alguna manera pecaminosa, que se instrumenta a través de la religión
- la noción de que estas minorías son de alguna manera enfermizas, que se instrumenta a través de la medicina
“Y todos estos órdenes han estado históricamente al servicio de eliminar esta noción de que la diversidad es una contribución útil y valiosa al tejido social”, afirma.
De esa forma, aunque hay una dimensión privada en la orientación sexual y la identidad de género, como estableció en 1994 el Comité de Derechos Humanos en su pronunciamiento sobre el caso Toonen, esas opciones también transcienden “al campo público y constituyen una identidad política, porque permite a las personas que se revelen a sí mismas con completa libertad en sus trabajos, en sus escuelas, en sus entornos y en sus familias compartiendo la riqueza de una vida que tiene dignidad”.
La situación en América Latina
Madrigal indica que en la región existe una confluencia de factores: “Los Estados de América Latina se han visto bajo influencia de movimientos sociales que de una manera vigorosa durante los últimos 20 años han demandado visibilidad y respeto para las personas LGBT y de manera muy interesante algunos Estados de la región son los que han emitido política pública y legislaciones que se consideran como mejor práctica a nivel mundial”.
El experto menciona, en concreto, el ejemplo de la legislación argentina y uruguaya en materia de reconocimiento de identidad de género, y también destaca el hecho de que el matrimonio entre personas de un mismo sexo ya ha sido recibido en muchas de las jurisdicciones de la región.
La criminalización “es un obstáculo fundamental a la erradicación de la violencia y la discriminación.
Además, la Corte interamericana de Derechos Humanos, estableció un estándar importante sobre no discriminación que en, en su opinión, va a tener efectos en la región.
Por otro lado, Madrigal destaca que América Latina “es una región en la cual ha existido un ejercicio sistemático de recopilación de información y datos, que no existe en otras parte del mundo, pero la realidad que esta data revela es muy preocupante, porque muestra que hay niveles de violencia muy hondos y muy intensos”.
“En esto considero que hay una reacción que ha sido muy responsable por parte de los Estados de la región en apoyar vigorosamente la creación y la renovación de mi mandato porque creo que existe un reconocimiento de que estos son temas que la comunidad de Estados debe estudiar y cuidadosamente considerar”, dijo.
Recomendaciones a los Estados
En su informe, el experto independiente ha propuesto varias medidas, entre las que destaca el desmantelamiento del sistema de criminalización de la orientación sexual y la identidad de género. En 10 de los 69 países en los que está criminalizada, esta diversidad está penada con la pena de muerte.
La criminalización “es un obstáculo fundamental a la erradicación de la violencia y la discriminación” porque en esos países donde existe no es posible obtener datos que tengan integridad y por tanto es imposible crear políticas públicas que de una manera efectiva se dirijan a la erradicación de la violencia y la discriminación.
“He hecho un llamado consistente a un mundo libre de criminalización para el año 2030 porque considero que existe una relación íntima e inextricable entre la descriminalización y seguir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, declara Madrigal.
Una segunda recomendación es que los Estados analicen las instancias en que es necesaria la adopción de legislación que proteja contra la discriminación.
Y una tercera es garantizar el acceso a la justicia para que se estas leyes y políticas públicas se vean reflejadas en la existencia de un recurso efectivo y eficiente en el que las personas LGBT puedan hacer valer sus derechos ante jueces independientes e imparciales.
Por último, los grandes hallazgos del mandato del experto independiente incluyen el hecho de que hay gran campo que cubrir en lo que se refiere a la inclusión social de las personas LGBT: “la inclusión de estas personas en todos los aspectos y ámbitos de la vida pública es lo que va a asegurar que la riqueza del aporte de estas personas al tejido social se manifiesto en su plenitud”.
“Me pregunto por qué una sociedad se negaría el aporte de esta diversidad que evidentemente enriquece el progreso de la sociedad y el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, concluye.
*Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2019/11/1465651