ADESPROC Libertad estuvo presente en esta aprobación y es parte activa de la Coalición Ciudadana Contra la Tortura, liderada por el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI). Hemos colaborado en la comisión técnica para asegurar que la normativa incluya de manera específica la protección de la población LGBTIQ+ frente a estos delitos.
La aprobación de esta ley en la Cámara de Senadores es un hito importante, pero el proceso continúa. La normativa ahora se trasladará a la Cámara de Diputados, donde esperamos su pronta aprobación.
Esta ley no solo es un paso hacia la justicia y el respeto a los Derechos Humanos, sino que también subraya el compromiso de nuestra sociedad con la erradicación de la tortura en todas sus formas. Continuaremos impulsando esta iniciativa hasta su implementación, reafirmando nuestro compromiso con la protección y dignidad de las personas LGBTIQ+ en Bolivia.
El pasado 29 de agosto, ADESPROC Libertad GLBT, en el marco del convenio con el Centro San Juan de Dios, llevó a cabo un proceso de sensibilización sobre la población LGBTIQ+ y la normativa favorable en Bolivia. Este evento contó con la participación de alrededor de 100 miembros del personal del centro, demostrando su compromiso y apertura hacia la inclusión y el respeto de los Derechos Humanos.
Esta sensibilización forma parte de los esfuerzos continuos de ADESPROC Libertad GLBT por promover una sociedad más equitativa y libre de discriminación, especialmente en espacios de atención y cuidado como los centros de salud.
Aplaudimos el interés del Centro San Juan de Dios, así como su disposición y tiempo dedicados a estos procesos. Su participación activa y compromiso con la promoción de los Derechos Humanos son un ejemplo de cómo las instituciones pueden contribuir a crear entornos más seguros y respetuosos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Desde ADESPROC Libertad GLBT, continuaremos trabajando para fortalecer el conocimiento sobre la diversidad sexual y de género, abordando temas que garanticen un trato digno en establecimientos de salud mental, y promoviendo el bienestar integral de la población LGBTIQ+. Aspiramos a que todas las personas, sin excepción, vivan en un entorno libre de discriminación y con pleno respeto a sus derechos.
Para más información sobre nuestros programas y actividades, contáctenos a través de nuestras redes sociales o visite nuestra página web.
ADESPROC Libertad se enorgullece de haber participado activamente en el Congreso de Psiquiatría de La Paz, que en esta edición celebró las 7mas Jornadas Julianas de Psiquiatría bajo el tema central: “Género, Diversidades Sexuales y Salud Mental”. El evento, llevado a cabo del 24 al 26 de julio, reunió a destacados profesionales de la salud mental para discutir y abordar temas cruciales para la población LGBTIQ+.
Thiago Miranda, psicoterapeuta, y Favio Shuett, abogado, ambos miembros de ADESPROC Libertad, ofrecieron paneles especializados durante el congreso, aportando valiosas perspectivas y conocimientos en sus respectivas áreas. La participación de ADESPROC Libertad en este congreso resalta la importancia de la salud mental en la población LGBTIQ+. Las personas diversas enfrentan desafíos únicos y, a menudo, una mayor vulnerabilidad a problemas de salud mental debido a factores como la discriminación, el estigma y la exclusión social. Por ello, es fundamental contar con profesionales capacitados y políticas inclusivas que aseguren un entorno de apoyo y bienestar para esta población.
Además de su participación como ponente en paneles especializados, Thiago Miranda también participo en la exposición internacional del Dr. Helien, donde abordó la realidad de la población trans en nuestro país. Este tema es de particular relevancia dado que el Dr. Helien fue pionero en la atención de salud a la población trans en Argentina, estableciendo un precedente que ha permitido importantes avances en áreas que aún estamos explorando en Bolivia. La experiencia y conocimiento del Dr. Helien, sumado a la contribución de Miranda, enriquecieron profundamente las discusiones, resaltando los progresos y los desafíos persistentes en el tratamiento y comprensión de las necesidades de salud mental de la población trans.
El compromiso de ADESPROC Libertad con la promoción de la salud mental y el bienestar de las personas LGBTIQ+ se refleja en su participación activa en este tipo de eventos y en su labor diaria. La organización continúa trabajando para sensibilizar y formar a la sociedad sobre la diversidad sexual y de género, contribuyendo así a la creación de un entorno más justo e inclusivo.
En una relevante mesa redonda celebrada el 31 de julio de 2024 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Favio Schuett, responsable de Incidencia Política en ADESPROC Libertad, destacó las constantes violaciones de los Derechos Humanos contra la población LGBTIQ+ por parte de instituciones estatales en Bolivia, presentando los datos reflejados en el Observatorio LGBT. Este encuentro forma parte de una campaña más amplia hacia la promulgación de una ley integral contra la tortura y otros tratos inhumanos.
Durante el evento, se congregaron expertos para moldear una legislación robusta contra la tortura y asegurar la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+, subrayando la urgencia de reformas legales ante los abusos estatales continuados.
ADESPROC Libertad sigue liderando la defensa de los derechos humanos, apoyando el desarrollo de leyes que protejan a todas las personas, sin importar su orientación sexual o su identidad y expresión de género.
La experiencia LGBTIQ+ en las comunidades está relacionada con la cosmovisión de los roles y comportamientos de género, resultando en un no reconocimiento, discriminación o autoexilio. En Bolivia, existen 36 etnias reconocida
Desde niña, Elida no encajaba en los moldes que le dictaba la sociedad, especialmente en su comunidad al norte de Santa Cruz. Cuando jugaba con carros, pelotas o no quería usar vestidos, recibía comentarios como “modérate”, “esas cosas son para hombres” y “marimacho”. Elida tuvo que ajustarse a las normas para evitar ser molestada o rechazada, lo que implicó renunciar a su identidad como mujer lesbiana hasta que migró.
Elida, ahora de 43 años, relata cómo tuvo que salir de su comunidad para reconocerse como lesbiana. Desde tercero básico supo que le gustaban las niñas, pero no fue hasta que migró a la ciudad que pudo hacer visible su orientación sexual.
“Es más complicado. Una chica de aquí, que vive en una zona acomodada, lo tiene más fácil que alguien de una comunidad. Tienes que salir corriendo porque si te quedas ahí, pierdes el sentido de existencia”, relata Elida.
Aunque la sociedad boliviana ha avanzado en reconocer los derechos LGTBIQ+, hay poblaciones que enfrentan una triple discriminación: ser mujer, LGTBIQ+ e indígena.
La investigación realizada por la Red de Lesbianas y Bisexuales de Bolivia en 2022, “Diagnóstico sobre Violencias y Discriminación en Mujeres Lesbianas, Bisexuales y Queer de Bolivia”, revela que muchas mujeres se ven forzadas a un autoexilio en busca de libertad y desarrollo personal. Paola Elam Del Castillo, miembro de la Red LB Bol y parte del equipo de investigación, explica que algunas “salen corriendo de una violencia correctiva” cuando sus familiares descubren su orientación sexual. “Sales de la comunidad porque no quieres que te vuelvan madre, porque no quieres que te repriman”.
Reconocerse como LGTBIQ+ varía entre comunidades y la ciudad. En las comunidades, la identidad está vinculada a roles comunitarios, mientras que, en la ciudad, el proceso es más íntimo, “es individualista”, explica Del Castillo.
Comunidad y cosmovisión
La experiencia LGBTIQ+ en las comunidades está relacionada con la cosmovisión de los roles y comportamientos de género, resultando en un no reconocimiento, discriminación, castigos, exilio o autoexilio.
En Bolivia, existen 36 etnias reconocidas por la Constitución Política del Estado. La mayor parte de la población indígena se concentra en la región andina: quechuas (49.5%) y aymaras (40.6%), seguidos por los chiquitanos (3.6%), guaraníes (2.5%) y mojeños (1.4%). Datos similares se encuentran en la población LGTBIQ+ identificada como parte de poblaciones indígenas.
Edgar Soliz, del programa radial Nación Marica, menciona que en la visión andina “prevalece la idea esencialista de un modelo cosmogónico dualista representado en el concepto chachawarmi”, que se enlaza a la noción de complementariedad (femenino-masculino), excluyendo otras formas de relación. Este modelo está ligado al colonialismo y evangelización, donde la heterosexualidad es aceptada de forma “casi natural”.
Población En el estudio “Desigualdades ante la ley”, se muestra que el 14% de la población LGTB se identifica con alguna comunidad indígena
Según un estudio de CIES internacional en 2010, la mayoría (90%) de la población boliviana se declaraba creyente, y de estos, el 81% pertenecían a la religión católica.
Para Claudia, identificarse como lesbiana fue una lucha contra sus ideales y contra los de sus padres, quienes pertenecen a una comunidad en Potosí y son creyentes. “Mi papá dice que la naturaleza no comete errores, y estos últimos años, ha estado leyendo la Biblia porque dice que algunas cosas de ahí tienen cierta lógica.”
Dentro de las comunidades, suele existir un sincretismo entre religión y organización social. Aunque hay diferentes cosmovisiones entre las diversas comunidades, la idea de la complementariedad suele estar muy presente.
Según el estudio del Colectivo Rebeldía, “Diversidades sexuales y de Género en pueblos indígenas del Oriente boliviano (Ayoreo, Guarayo y Chiquitano)”, citado en el Informe defensorial, las comunidades indígenas reconocen diversas formas de enamorarse y formar parejas: hombre-mujer, mujer-mujer y hombre-hombre. Sin embargo, solo consideran legítima la pareja hombre-mujer; las otras formas se consideran inmorales y desagradables.
Estos patrones determinan los comportamientos de hombres y mujeres. Quienes transgreden estas normas son etiquetados, rechazados, controlados, “disciplinados” o violentados. Por lo que muchos prefieren mantenerse en silencio por temor a ser excluidos, agredidos, o incluso para proteger a sus familias.
Ser mujer y lesbiana dentro de las comunidades
En 2012, según el Censo de Población y Vivienda, el 41% de la población en Bolivia pertenecía a comunidades indígenas, de las cuales alrededor del 69% eran mujeres.
En el estudio “Desigualdades ante la ley”, se muestra que el 14% de la población LGTB se identifica con alguna comunidad indígena, y de este grupo, el 12% se identifica como parte de la población lésbica.
En el día a día en las comunidades, las mujeres que transgreden las normas heterosexuales y de dualidad en parejas suelen recibir castigos simbólicos y físicos más violentos, ya que renuncian al rol de ser madre o esposa, que implica servir o complementar al hombre. Silene Salazar Huarita, activista lesbofeminista e indígena, menciona: “Negarse a parir es una ofensa máxima a la comunidad”.
Población LGBTI identificada con una nación y pueblo indígena
El informe defensorial de 2023 cita a la escritora Silvia Rivera Cusicanqui, quien explica: “En las comunidades indígenas aymaras, a la mujer de aspecto masculino le dicen urquchi, que connota una mujer floja que transgrede los mandatos de género: ser una buena esposa y cocinera, ser servicial y una madre atenta. Dentro de la lógica patriarcal, urquchi no señala la orientación sexual distinta de la mujer ni su lesbianismo, sino que marca la transgresión del mandato de género”.
Estos roles de género en la comunidad se ven como una regla en el comportamiento de los niños y niñas. Cuando Elida empezó a jugar con tractores o a usar shorts, constantemente recibía burlas o retos vergonzosos por parte de los comunarios e incluso de sus propios familiares.
Elida relata con tristeza que su primer trauma dentro de la comunidad fue cuando sus padres decidieron enterrar su juguete. “Mi abuelo me había hecho un tractor de madera porque yo quería juguetes de niño, yo quería autitos. Era lo más preciado en el mundo para mí. Mi primer recuerdo de niñez fue que yo lloraba porque me dijeron que lo enterraron y nunca lo volví a ver.”
Dentro del marco de las identidades y orientaciones sexo genéricas en las comunidades, las mujeres lesbianas representan uno de los grupos más vulnerables. Cuando una mujer se identifica como lesbiana, suele quedarse en silencio o huir. En el caso de los hombres, «muchas veces optan por hacer el servicio militar para que después los dejen en paz», comenta Soliz en Nación Marica.
Muchas mujeres que se saben lesbianas deciden renunciar a su orientación e identidad sexual por miedo a las represalias o por no contar con el soporte adecuado para salir de su comunidad.
Elida recuerda que, mientras crecía en la comunidad, no podía expresarse tal como era. Hasta el día de hoy, cuando visita a algún familiar dentro de la comunidad, no puede decir abiertamente que es lesbiana: “Estoy 99% segura de que, si hubiese seguido en la comunidad, estaría casada con cinco hijos o hijas. Me hubiera casado con alguno de los capataces y nunca hubiese explorado ni vivido mi propia sexualidad.”
Edgar Soliz: «Hoy la gente migra de su comunidad indígena por negocios, oportunidades de estudio, dinero, etc. Pero también migra por su sexualidad, porque sabe que no va a poder ser o reconocerse como homosexual, lesbiana o trans en su comunidad»
Castigos sociales
Dentro de este sistema patriarcal y heteronormativo, los mecanismos para mantener los roles incluyen la violenta reacción de la comunidad y la familia. Aun fuera de la comunidad, las mujeres suelen tener cuidado para evitar que alguien de adentro pueda verlas. “Algunas tías han prohibido a sus hijos e hijas hablar conmigo, especialmente a las chicas. Nadie me ha visto besarme o agarrarme de la mano con una chica en el pueblo. No quiero destapar eso, que ya viví cuando éramos niños. También afecta mucho a mi madre, porque la hija de fulanita le salió así, qué habrá hecho. Le faltó huasca a esa chica”, comenta Elida.
La violencia recibida por parte de la comunidad es fundamental para entender las agresiones hacia las identidades sexuales, pero también sigue estando dentro de la familia. Elida cuenta que hubo muchos intentos de su familia por juntarla con hombres. A los 15 o 16 años, la agredieron físicamente después de encontrar una carta de amor hacia otra mujer.
“Por eso decidí salir de casa a los 19. Pero en el pueblo nunca lo dejé pasar porque sabía que, si mis propios padres me hicieron eso, imagínate lo que me hubieran hecho cuando estaba chica”, dice.
Huarita menciona que los principales castigos utilizados son la violencia psicológica o el desconocimiento, y uno de los más crueles es la violencia correctiva. Como participante de la investigación de Red LB Bolivia, menciona que “el 83% de ellas había vivido violencia, y de ese 83%, el 59% debido a la violencia en sus familias. La familia es el principal instrumento e institución patriarcal de violencia para querer volver al camino heterosexual.”
Estos castigos sociales y correctivos son la manera en que la familia y la comunidad renuncian a la integración de las personas LGTBIQ+. Según Del Castillo, esta es una forma de negar la existencia y permitir cualquier tipo de acciones correctivas contra mujeres, adolescentes y niñas.
Del Castillo tuvo contacto con diferentes comunidades y testificó hechos de invisibilización, violencia y violaciones correctivas hacia mujeres lesbianas. Relata el caso de una mujer de 20 años que llevaba coca a Santa Cruz y luego apareció con un bebé.
“Sé que ella vivió una violación correctiva, me lo mencionó ya más adelante. Y, al vivir eso, se desplazó, salió de su comunidad. Tengo entendido que fue un familiar, lo hicieron porque esa compañera mostraba, aunque no lo mencionaba, una visibilidad lésbica. Generalmente no hablan de que la compañera ha recibido una violación correctiva. Dicen ‘ah, esta compañera ha tenido un hijo para su familiar’, no quieren decir nada más.”
Como acompañante dentro de la Red LB Bol, Del Castillo ha encontrado varios casos en los que mujeres lesbianas han tenido que migrar por violaciones correctivas. Algunas tienen a sus bebés, mientras otras no. Menciona que, tras una sanación fallida, algunas deciden suicidarse.
Migración, una forma de libertad
En 2012, se identificó que aproximadamente el 25.28% de la población en Bolivia realizaba migraciones internas, cifra que aumentó en comparación con los datos de 2001 y 1992. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, en 2018, el 75% de la población vivía en el área urbana, y se proyecta que para 2032 la población urbana alcanzará el 90%.
A pesar de que las personas migran internamente por razones económicas y simbólicas, las características de la migración están cambiando. «Hoy la gente migra de su comunidad indígena por negocios, oportunidades de estudio, dinero, etc. Pero también migra por su sexualidad, porque sabe que no va a poder ser o reconocerse como homosexual, lesbiana o trans en su comunidad», menciona Soliz.
Después de que Elida y su familia se mudaron a Santa Cruz, pudo dejar de cuestionarse a sí misma y ya no respondía a las normas de su comunidad. Ella considera que conocer a un compañero homosexual en la escuela le ayudó a identificarse como lesbiana. «Cuando nos mudamos a la ciudad, tuve un poquito más de amplitud de mente. Dejé de autocastigarme diciendo que estaba mal, porque de donde salí, era la única que era rara. En la ciudad comprendí que no era la única, que pueden existir otras personas así», relata Elida.
Según Silene Huarita, la migración es común entre las mujeres indígenas lesbianas. En el estudio realizado por la Red Lb Bol, señala que «cuando una mujer se asume como lesbiana o bisexual, entra en un proceso de liberación que ayuda en el manejo de incertidumbres, temores y, en muchos casos, en la toma de decisiones como la independencia y migración.»
Al migrar, muchas personas LGTBIQ+ se desligan de sus raíces y se desconectan de su cultura y familias. Algunos intentan politizar su identidad desde la racialidad, mientras otros ya no se identifican con sus comunidades. Del Castillo menciona que muchas «tienen un gran dolor de culpa, el dolor de pensar que por ser lesbianas han perdido y roto su familia.»
Sin embargo, migrar también implica nuevos retos en el área urbana, desde la constante discriminación racial hasta la exclusión social y la precariedad económica. En su investigación, Marina Amador menciona: «son al menos seis los elementos estructurales que influyen en la exclusión de los inmigrantes en las ciudades: el desempleo, la vivienda, la condición de inmigrante, la discriminación política y la diferenciación social basada en la cultura y la etnia.»
Mientras que para las mujeres lesbianas el salir de su comunidad, además, implica enfrentar retos económicos, pero, sobre todo, la falta de una red de apoyo, lo cual a menudo marca un retroceso antes de salir de sus comunidades.
Dos casos tienen sentencia, el resto está impune. El día Mundial de las Diversidades Sexuales y Género encuentra a Bolivia sin muchos avances en el tema de acceso a la justicia para la comunidad LGTBIQ+.
Apuñalada, desangrada y en el olvido. Así murió Noelia, una mujer trans de 21 años de edad, el pasado 30 de abril en un hostal de la ciudad de Oruro. Fue víctima del odio de su agresor, un adolescente de tendencias homofóbicas que planeó el crimen días antes de siquiera conocerla. Su cuerpo fue encontrado dos días después del crimen. La sociedad no notó su ausencia, así como no aceptó su vida.
“Su cuerpo sin vida estuvo dos días dentro de su habitación. Solo la encontraron porque era hora de cobrarle el alquiler. Hasta cuándo vamos a morir así”, afirma una de sus compañeras.
El caso de Noelia es solo uno de los, al menos, 21 transfeminicidios -de 28 crímenes de odio- registrados en los últimos 15 años en Bolivia. Los datos se desprenden de las estadísticas del Observatorio de los Derechos LGBT y una revisión de los reportes de prensa hecha por Visión 360 para esta nota.
Pero estos solo son los casos corroborados. En la memoria colectiva de la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer (LGTBIQ+), las cifras de quienes fueron asesinadas por prejuicios a su identidad sexual superan las 70. Y es que el Estado como tal no tiene una base de datos oficial.
“Estos datos no se tienen desagregados por orientación o por identidad ni en el Ministerio Público, la Fiscalía, la Policía u otra entidad estatal. Por eso tenemos el Observatorio”, afirmó Stephanie Llanos, de la Asociación de Desarrollo Social y Promoción Cultural (Adesproc) Libertad GLBT.
Población trans y violencia
Al igual que Noelia, en 2020 Gabriela, de 19 años, fue asesinada en un alojamiento de El Alto, con una violencia extrema. El asesino le propinó 19 puñaladas, con tal saña que no le dio oportunidad alguna. Escapó del lugar sin dejar evidencias.
Oriunda de Beni, Gabriela llegó a La Paz en busca de una oportunidad. Como muchas, huía de un entorno que la rechazaba por ser ella misma.
Un caso anterior a la muerte de Gabriela también ocurrió en El Alto en diciembre de 2018, cuando la mujer trans Litzy Hurtado fue asesinada en una discoteca. Primero recibió agresiones de un grupo de hombres y finalmente fue apuñalada por uno de ellos con un destornillador que la hirió de muerte.
Varios países de la región no cuentan con información sobre la situación social de la población trans. Por este motivo, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los gobiernos, incluido el boliviano, recolectar información estadística sobre la violencia ejercida contra las personas LGBT.
Los pocos datos obtenidos señalan que una de las formas más extremas del estigma y discriminación es la violencia social e institucional. Si bien es un mal que afecta a toda la población, las personas trans lo sufren en forma desproporcionada, por ser víctimas de crímenes de odio y por la impunidad en la que estos quedan.
“Desde 2018 hacemos informes nacionales sobre la vulneración de derechos humanos de la población trans en Bolivia. Lamentablemente hemos visto una cantidad de denuncias muy alta. Solo este año hemos visto dos crímenes de odio. Vivimos en un contexto de violencia y desprecio, sobre todo en el caso de las mujeres trans”, explica Moira Andrade, directora general de la Red Trebol de Bolivia y referente nacional para la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans.
33% de la población LGTBIQ+, que participó en la primera encuesta virtual, señaló no contar con ninguna cobertura en salud, con las mujeres trans las más afectadas.
Afirma que hay una ausencia de parte del Estado y de las autoridades e incumplimiento de las leyes establecidas en los últimos años. Esto hace que esta población no acceda a salud, educación, trabajo o justicia plena, puesto que los crímenes de odio y los diferentes tipos de violencia quedan en la impunidad.
Transfeminicidios
El 9 de noviembre de 2016, tras el asesinato de Dayana a manos de su pareja (Santa Cruz), miembros de la población LGTBIQ+ protagonizaron una serie de protestas. En las marchas exigieron que los asesinatos a mujeres trans sean tipificados como feminicidios, en respeto a su identidad.
El caso de Dayana es uno de los más crueles y en los que hay negligencia de las autoridades. Pese a que su pareja le robó, la torturó y la degolló, tras una revisión del cuerpo, convirtieron el caso de feminicidio en un “homicidio por celos”.
Y es que cuando la Policía levantó su cuerpo calificaron el crimen como un feminicidio, pero en la autopsia notaron que si bien tenía senos, sus genitales masculinos aún estaban presentes. Pese a su identidad de género se afirmó que se trataba de un hombre y que la figura no correspondía.
“Cuando se encuentra a una persona sin vida, para identificarla, se basan únicamente en la parte genital. Por eso, para nosotras, uno de los desafíos más grandes es tener acceso a la justicia”, sostiene Llanos.
En coincidencia, desde la Defensoría del Pueblo, Paola Tapia, jefa de la Unidad de Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad y Diversidades Sexuales, afirma que no se cuenta con datos oficiales porque las autoridades no registran a las víctimas respetando su identidad de género. Indica que se basan en los documentos de identidad oficiales (cédula de identidad), los que muchas veces no registran la identidad con la que las víctimas vivían o eran conocidas.
“Además, la mayoría de estos casos no llegan a condena o siquiera a imputación formal en contra de los autores. Quedan en el olvido o el archivo por parte del Ministerio Público. Podemos citar algunos casos que quedaron hasta la fecha sin justicia: Alessandra Ferreti, Santa Cruz (2021), Gabriela Ramírez El Alto (2020), Litzy Hurtado El Alto (2018)”, sostiene.
Un segundo intento para conseguir la tipificación de feminicidio se hizo en 2021, luego del asesinato de Alessandra en un alojamiento de Cochabamba. Hace poco había llegado de Santa Cruz, era víctima de discriminación y no podía encontrar trabajo. Entonces se dedicó a lo único donde le abrieron las puertas, el trabajo sexual. Una mañana sus compañeras la encontraron sin vida en su habitación, fue asfixiada con el cable de una secadora de pelo.
Vanos fueron los intentos de obtener justicia bajo la tipificación de feminicidio.
Noelia, primer feminicidio
“Este asesinato (el de Noelia) es un feminicidio, el tercero en Oruro en lo que va de 2024”, declaró el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.
Para la comunidad LGBTIQ+ este reconocimiento es muy importante. Por primera vez se podría conseguir que el asesinato de una mujer trans sea tipificado como un feminicidio.
“A la fecha solo dos casos de todos los crímenes de odio en contra de la población LGTBIQ+ tienen sentencia, ambos por homicidio. En el caso de Noelia, en Oruro, sí se investiga por feminicidio, pero aún no hay sentencia. En este caso los medios y las autoridades respetaron su identidad de género”, dice Llanos.
Para Andrade si bien hay la figura de feminicidio, es lamentable que no se pueda tener una sentencia en la que se plasme la figura de transfeminicidio. Esto, a su parecer, visibilizaría la situación de esta población.
“Debemos seguir pidiendo políticas públicas y denunciar la ausencia del Estado”, asevera consciente de que aún les queda una lucha muy larga.
Desde la Defensoría del Pueblo, Tapia menciona que para evitar la impunidad es necesario que los operadores de justicia cumplan con su trabajo, libres de estereotipos o sesgos.
“Debemos contar con jueces, fiscales y policías que entiendan y comprendan las afectaciones a los derechos humanos con los que se enfrentan las personas LGBTI. Se debe respetar la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, dejarlas de registrar como ‘hombres vestidos de mujer’ y comprender que las mujeres trans también pueden ser víctimas de hechos de violencia machista que puede conllevar a arrebatarles la vida”, afirma.
Situación de las personas de la población LGBTIQ+ está en una situación “rezagada”
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en general, el ejercicio de derechos de las personas LGBTI en Bolivia aún está muy rezagado. Se afirmó que persisten brechas de desigualdad de esta población respecto al resto.
En la gestión pasada, la Defensoría del Pueblo presentó los resultados de la primera encuesta virtual que se realizó a la población LGBTI en el país, que abordó 11 temáticas.
“Por ejemplo, el 33% de la población que fue encuestada señaló no contar con ninguna cobertura en salud, siendo la población más afectada la de las mujeres trans”, manifestó Paola Tapia, jefa de la Unidad de Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad y Diversidades Sexuales.
Lamentablemente la mayor cantidad de personas participantes señalaron que no conocen los requisitos ni procedimientos para adscribirse al SUS. Ello conlleva a que esta población se encuentre desprotegida e invisibilizada de las estadísticas oficiales del Estado en materia de salud.
8 normas fueron puestas en vigencia en 15 años. Desde la Ley 807 de Identidad de Género, hasta la 348 y la 045 Contra el racismo y toda forma de discriminación.
“Otro tema de urgente atención es la situación del derecho a la educación en la población. El 28% de la población participante tiene como máximo logro educativo el bachillerato y un 5% no concluyó la secundaria”, dijo.
El 39,7% de la población encuestada señaló que no se encontraba realizando ningún tipo de actividad educativa. El principal motivo es la falta de recursos económicos. Estas limitantes económicas les obligan a recurrir al trabajo sexual como forma de sustento.
Asimismo, un 53% señalaron haber sido víctimas de algún hecho de discriminación durante el último año.
“Por ello la Defensoría del Pueblo considera que el Estado debe establecer medidas afirmativas diferenciadas que incentiven o mejoren las condiciones de vida de esta población”, indicó Tapia.
Los activistas chilenos criticaron la Ley de Identidad de Género de Bolivia, que prohíbe que aquellos que se cambien de sexo ejerzan un cargo público
Concluido el mes del orgullo LGBT, expertos en el tema de identidad de género evalúan la condición de los derechos y las políticas de estado en favor de las personas lesbianas, gays, transexuales y no binarias.
En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, los chilenos Ramón Gómez; coordinador de proyectos de MOVILH; María José Cumplido, directora ejecutiva de la Fundación Iguales; y Makarena Salles, dirigenta de la asociación Trans libera Arcoíris compararon las políticas en el tema de identidad de género con el estado de Chile.
“Hay mucho que avanzar en Bolivia. No hay plataformas para la diversidad”, lamentó Salles, una mujer transexual.
Pese a estar bajo el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) por casi 20 años, situado a la izquierda del espectro político, Bolivia presenta varios retrasos y desafíos en materia progresista con la identidad sexual.
“No cuenta con ley de matrimonio igualitario. Algo que nos ha sorprendido es que la ley de identidad de género inhabilita a las personas ejercer un cargo público; te concedo un derecho, pero te quito otro”, criticó Gómez.
La Ley de Identidad de Género, promulgada en 2016, otorga a los ciudadanos bolivianos la posibilidad de cambiar su sexo en todos sus documentos públicos.
Asimismo, los presentes criticaron un exceso de burocratización en el trámite para el cambio de sexo. De acuerdo con Salles, en Chile, que está mucho más avanzado en este tema, el proceso dura 45 días; mientras que en Bolivia se estanca por tiempo indefinido.
Sin embargo, Cumplido advirtió una paralización de los avances en derechos de género en el país vecino.
“Chile está bastante avanzado en tema de política y leyes. Aquello que falta por hacer es el tema de reformas más que crear algo nuevo”, expresó Gómez.
Con sus plataformas, Gómez, Cumplido, y Salles, realizaron un seminario para fomentar el desarrollo de políticas en beneficio de los derechos de género.
“El estado chileno ha marcado un hito, pocas veces países sudamericanos realizan actividades por la promoción de derechos humanos en otro país”, explicó Gómez. Ahora las pocas plataformas bolivianas asistirán a un evento en Chile.
Salles advirtió que este tema se complejiza cada vez más, puesto que el tema de la identidad es voluble. Se refirió a las personas que se identifican como no binarias y rompen con la dicotomía masculino-femenino de los documentos públicos.
“También tienen derecho a su identidad. Tenemos que tener la mente abierta para recibir esas identidades”, afirmó.
Coincidieron en que los avances que se logren, tanto en el país como en Chile, dependerán de la convicción con la que se presenten las propuestas.
Al ritmo de la banda, la tarde de este miércoles, 3 de julio, comenzó la primera marcha del Día del Orgullo LGBT+ en la cancha principal del PC-4 del penal de Palmasola. Cerca de 40 privados de libertad desfilaron portando banderas de la comunidad, bajo una pancarta que decía «Pabellón LGBT», mientras eran observados y aplaudidos por otros internos desde las graderías.
Después del recorrido, ingresaron a la cancha techada para participar en un acto oficial, acompañados por autoridades penitenciarias, representantes del Defensor del Pueblo, Derechos Humanos y de Asuncami (Asociación Nuevo Camino), quienes apoyaron la realización del evento.
Mauricio Romero, director de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, destacó la importancia de la marcha. «Este evento de la comunidad LGBT+ es parte de la inclusión y la reinserción social dentro de la sociedad. Palmasola es el primer recinto penitenciario del país en diversificar la diversidad sexual. El Estado debe apoyar esta inclusión y queremos replicar esta iniciativa en otras cárceles del país», dijo la autoridad.
Rubí Flores, psicóloga del penal, enfatizó la relevancia de la «marcha histórica». «Es fundamental que las personas LGBT+ en el penal puedan expresar con orgullo su identidad, sin sentirse discriminadas ni aisladas. En la cárcel también se deben respetar los derechos de esta población», indicó la especialista.
Por su lado, Sheila Gómez, delegada departamental de la Defensoria del Pueblo, expresó: «Esperamos que este evento se multiplique y se extienda a otras cárceles del país. Respaldamos las demandas de la comunidad y haremos seguimiento a otros temas relevantes en centros de detención».
En tanto, Yasmany Sevilla, representante de la población LGBT del PC-4, agradeció el apoyo de las autoridades penitenciarias y recalcó que: “No pedimos tolerancia, exigimos respeto. Los derechos humanos son universales para todos».
«Para mí, este día es histórico. Estuve recluida durante un año y medio aquí (en Palmasola), antes no podíamos mostrar una sola bandera del Orgullo LGBT. Ahora podemos hacerlo», manifestó la activista Alexandra Tarrazona, presidenta de la Alianza Social LGBT, quien compartió su emoción frente a su comunidad.
«Un sueño de tres años»
«No puedo estar más feliz y sorprendido por la apertura tanto de las autoridades de Palmasola como de la Defensoria del Pueblo, y especialmente, de los propios privados de libertad, que nos apoyaron con tanto entusiasmo», expresó Noe Alexis Rueda, presidente de la Asociación Transcender.
Para el activista, esta jornada se cumplió un sueño que la comunidad LGBTIQ+ de Santa Cruz tenía desde hace tres años con la población privada de libertad LGBTIQ+. Espera que esta iniciativa se replique y que tenga una mayor recepción en el futuro.
Testimonio de Leonardo, miembro de la comunidad LGBT+
«La realización de la primera marcha LGBT+ en Palmasola es un hecho importante y significativo porque da visibilidad y reconocimiento a los derechos de la población LGBT+ en el sistema carcelario, y destaca la necesidad de proteger sus derechos y garantizar un trato digno y libre de discriminación.
También representa la lucha incansable contra la homofobia y transfobia en los centros penitenciarios, ya que las personas de la comunidad LGBT+ privadas de libertad enfrentan situaciones de acoso, violencia y vulneración de derechos. Esta marcha es un paso importante para denunciar estas problemáticas y exigir un cambio en la cultura carcelaria.
De igual manera, y como último aspecto, entendemos el impacto social y político que este evento representa, al tener un efecto catalizador visibilizando la situación de la población LGBTI en el sistema penitenciario y generando debates y cambios a nivel social y político en torno a estos temas».
El pasado sábado 29 de junio se llevó a cabo La Marcha de las Diversidades 2024 en el corazón de la ciudad de La Paz, comenzando a las cuatro de la tarde con una vibrante y colorida demostración de apoyo hacia la población LGBTIQ+. La marcha, celebró la diversidad y fortaleció la defensa de los derechos de todas las personas, contó con la presencia de diferentes autoridades locales, nacionales e internacionales, así como una delegación especial de padres y madres participantes en el IX Congreso Internacional de Familias por la Diversidad Sexual.
ADESPROC Libertad se destacó por su numerosa y entusiasta participación de jóvenes, ingresando con el bloque más grande de la marcha. Llenos de alegría y orgullo, irradiando energía positiva mientras avanzaban por las calles paceñas.
Durante esta marcha se destaca la participación del Alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, quien reafirmó el compromiso del GAMLP (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) con los derechos humanos de la población LGBTIQ+, incluyendo la participación de varias secretarias como la de Educación y Desarrollo Social. Se resalta la participación del Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de Género de La Paz, además de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
La marcha transcurrió en un ambiente festivo y de compromiso, donde se escucharon consignas a favor de la igualdad y la no discriminación. El evento no solo celebró la diversidad, sino que también sirvió como un recordatorio de la continua lucha por los derechos humanos y la justicia social.
Este año, por primera vez, se realizó el festival de música “Diversifest”, con presentaciones de grupos como Gran Matador, Los Bolitas, Dr. Jet, Nia Cole, Madison Experience y Sex Line, que se presentaron para apoyar y promover los Derechos Humanos de la población LGBTIQ+ en el municipio de La Paz
La jornada concluyó con un llamado a la acción para seguir trabajando en pro de una sociedad más justa e inclusiva, invitando a la población a participar en futuras actividades y a seguir apoyando la defensa de los derechos LGBTIQ+ en Bolivia.
Este sábado 22 de junio, la ciudad de El Alto vivió una jornada de visibilidad y reivindicación con la realización de la Marcha de las Diversidades 2024.Esta manifestación, contó con la participación de diferentes organizaciones, aliados y activistas, y que año a año se convirtió en un espacio de unidad y reivindicación de los derechos de la población LGBTQ+.
Desde las primeras horas de la tarde, los participantes comenzaron a congregarse en la estación del teleférico amarillo de Ciudad Satélite, punto de partida de la marcha, en un recorrido con dirección hacia la plaza Obelisco y culminando en la calle 6 de Villa Dolores. Con pancartas, banderas y consignas a favor de la igualdad y el respeto, la multitud avanzó por las principales calles de la ciudad, recibiendo el apoyo de la ciudadanía que se sumó al recorrido. El evento contó con la presencia de autoridades del municipio, el apoyo de la policía y seguridad del GAMEA.
La Marcha de las Diversidades 2024 de la ciudad de El Alto se viene consolidando con fuerza y resistencia de la población LGBTQ+ y sus aliados. La participación y el ambiente de solidaridad vivido durante la jornada dejan en claro que la lucha por la igualdad y el respeto continúa con más fuerza que nunca.
