El acusado vivía con las víctimas desde hace varios meses. La policía descartó que se tratara de un crimen de odio.
Un hombre colombiano fue acusado de doble asesinato tras el hallazgo de restos humanos en unas valijas abandonadas en el famoso puente Clifton de Bristol, oeste de Inglaterra, y en una vivienda en Londres.
Las víctimas son dos hombres, Paul Longworth, de 71 años, y Albert Alfonso, de 62, originario de Francia y naturalizado británico, informó la policía de Londres en un comunicado.
“Albert y Paul habían sido pareja anteriormente y seguían viviendo juntos en un departamento” en la zona de Shepherd’s Bush, en el oeste de Londres. Los investigadores también encontraron restos de los cuerpos de las dos víctimas en su domicilio.
Los restos de las víctimas fueron encontradas en valijas abandonadas en el puente Clifton de Bristol. (Foto: gentileza The Mirror).
El presunto asesino fue identificado como Yostin Andrés Mosquera, de 34 años. Mosquera, que fue arrestado el sábado en las inmediaciones de una estación de tren en Bristol, conocía y, según la policía, residía temporalmente en la misma casa que sus presuntas víctimas.
Además, en fotografías de las redes sociales de Alfonso, difundidas por los medios locales, Mosquera aparece junto a él y Longworth de vacaciones en un barco en Colombia, el pasado marzo, o comiendo en un restaurante de Londres en octubre, lo que sugiere que el arrestado residía en el Reino Unido desde, al menos, nueve meses.
El caso fue inicialmente clasificado como “crimen de odio”, de acuerdo con las normas procesales, pero los primeros elementos de la investigación “no sugieren que hubiera un motivo homofóbico”, precisó Andy Valentine, una autoridad de la policía.
El subcomisario adjunto Andy Valentine, de la Met, dijo que este incidente “causó preocupación no sólo entre los residentes de Shepherd’s Bush sino también en la comunidad LGBTQ+ en general en todo Londres”.
”Espero que pueda tranquilizarles saber que, si bien las investigaciones aún están en curso y se encuentran en una etapa relativamente inicial, actualmente no estamos buscando a nadie más en relación con los dos asesinatos”, señaló.
Cómo fue la detención de Mosquera
La policía encontró las valijas el miércoles por la noche después de recibir un aviso de que “un hombre con una valija actuaba de forma sospechosa en el puente colgante de Clifton”.
El hombre, que fue después detenido, había abandonado el lugar antes de la llegada de los agentes de policía. Sin embargo, testigos lo filmaron huyendo del lugar y la policía difundió así su imagen.
Yostin Andres Mosquera fue grabado por testigos mientras huía del puente de Bristol. (Foto: Avon and Somerset Police).
“Según las primeras pesquisas, el hombre llegó al puente en taxi. El vehículo fue incautado y el conductor nos está ayudando en nuestra investigación”, había declarado el jueves el comandante interino de la policía local, Vicks Hayward-Melen.
Yostin Andrés Mosquera fue finalmente detenido el sábado en la región de Bristol. El acusado compareció ante el Tribunal de Primera Instancia de Wimbledon, en las afueras de Londres, y entró en prisión preventiva.
El grupo Atomwaffe es un violento grupo neonazi fundado en 2016 cuyos miembros se preparan para una guerra racial
Un hombre acaba de ser condenado en California por asesinato y crimen de odio, en un caso especialmente importante por sus vinculaciones con grupos neonazis. Se trata de Samuel Woodward, quien actualmente tiene 26 años, y en enero de 2018 asesinó a Blaze Bernstein de 20 puñaladas en la cara y el cuello. Luego de muchas dilaciones, el pasado martes 2 de julio un jurado de Santa Ana, condado de Orange, declaró a Woodward responsable de asesinato en primer grado con el agravante de crimen de odio.
Los grupos neonazis: antisemitas y antigays
En 2018 Woodward tenía 20 años y Bernstein 19, y habían sido compañeros en la Escuela de Artes del condado. Luego de terminar la secundaria, dejaron de verse, porque Bernstein fue a estudiar medicina a la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Pero en esas vacaciones de invierno estaba en California, visitando a su familia en la ciudad de Lake Forest.
El 2 de enero desapareció, y luego de una semana de búsqueda, encontraron su cuerpo enterrado en el parque Foothill Ranch de Lake Forest. A los pocos días, Woodward fue detenido como sospechoso del crimen porque se encontraron conversaciones en la red social Snapchat y en esas conversaciones, una cita para la noche del 2 de enero. Era una trampa que Woodward le tendió a Bernstein, quien era abiertamente homosexual. Pero hay algo más, Woodward era miembro del grupo neonazi Atomwaffen y Bernstein era judío.
Blaze Bernstein, asesinado en enero del 2018 por un miembro de un grupo neonazi.
Luego de encontrar las conversaciones en Snapchat, las autoridades registraron la casa familiar de Woodward en Newport Beach y encontraron en su habitación una navaja con restos de sangre. Las pruebas de ADN fueron contundentes en vincular ambas personas.
También encontraron una máscara negra de Atomwaffen con restos de sangre de Bernstein y una gran cantidad de material antigay, antisemita y de grupos de odio, según los fiscales del caso.
En un principio, Woodward fue imputado por asesinato y uso de arma, que prevé una pena de hasta 26 años de prisión, pero luego el juez cambió la carátula por la de crimen de odio, que podría significar cadena perpetua y sin libertad condicional.
El juicio sufrió muchas dilaciones y postergaciones, primero por la pandemia de Covid y luego por las presentaciones de los abogados defensores, aduciendo que el imputado no estaba en condiciones de entender su juzgamiento. Pero la Justicia concluyó que sí es responsable y consciente de sus actos y, finalmente, se llegó a este juicio en pleno 2024, seis años y medio después del hecho. La discusión no fue sobre si Woodward mató o no mató a Bernstein, sino por qué y en qué circunstancias lo hizo. Durante los alegatos finales, la fiscal Jennifer Walker hizo hincapié en la afiliación de Woodward al grupo neonazi Atomwaffen, y sobre sus ideales antigay y antisemita.
Samuel Woodward, el asesino del joven Blaze Bernstein, en la extrema izquierda de la foto, junto con otros dos miembros de la organización neonazi Atomwaffe.
Por su parte, el abogado defensor Ken Morrison, dijo que Woodward sufre síndrome de Asperger y problemas con su propia identidad sexual. Trató de demostrar que su defendido no planeaba matar a Bernstein y que no odiaba a nadie, intentando que la condena fuera por un cargo menor, como podría ser asesinato en segundo grado u homicidio involuntario.
Sin embargo, se conocieron testimonios del propio Woodward en los que reconoce que él pasaba horas en Grindr, un sitio social de citas para adultos. Según algunos correos electrónicos que mostraron los fiscales durante el juicio, Woodward buscaba en Grindr hombres homosexuales para humillarlos. Uno de los mensajes decía: “Les digo a los sodomitas que soy bicurioso (que no es lo mismo que bisexual), lo que hace que quieran convertirme. Los engancho haciéndome el tímido, tal vez después les envío una foto o dos, les digo que me gustan y luego, o los elimino de mi lista de amigos o les digo que les jugué una broma”.
Pero esta vez, el ataque fue mucho más allá y terminó con Bernstein apuñalado con saña, más de 20 veces en la cara y el cuello. Por ese crimen de odio, seis años y medio después del hecho, Woodward fue declarado culpable de asesinato en primer grado y el agravante de crimen de odio. La condena se conocerá el próximo 25 de octubre y, como dijimos más arriba, podría llegar a cadena perpetua sin libertad condicional.
De Estados Unidos al mundo
Atomwaffen, la organización a la que pertenecía el criminal, quiere decir en idioma alemán armas atómicas (se pronuncia atom vaffen), pero es una organización creada en la Florida, y luego extendida al resto de los Estados Unidos. Sus miembros se definen como una “organización revolucionaria nacional socialista” y declaran estar entrenándose para el activismo y el combate, apelando a los radicales para derrocar al sistema, que han permitido que el mundo cayera bajo el control de “las oligarquías judías y la banca internacional”.
Según publicó en su momento la plataforma de investigación Pro Pública, “Woodward se unió a la organización a principios de 2016 y luego viajó a Texas para asistir a reuniones de Atomwaffen y a un campo de entrenamiento de tres días, que incluyó instrucción en armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo, acampada y habilidades de supervivencia”.
Luego, Woodward tenía como misión organizar una célula de Atomwaffen en California, y el objetivo final del grupo era derrocar al gobierno de los Estados Unidos mediante el uso del terrorismo y la guerra de guerrillas.
De hecho, el grupo, fundado en 2015, ya tiene ramificaciones en Colorado, Florida, Illinois, Pensilvania, Texas, Massachusetts, Washington y Wisconsin. Pero también a nivel internacional: en Europa y América del Sur.
Hispanic LA se comunicó con la Liga Anti Difamación (ADL), que lucha en todo el mundo contra el neonazismo y el antisemitismo. Emily Kaufman es Directora Asociada de Investigación ADL Center on Extremism y ella explicó sobre Atomwaffen: “Es un violento grupo neonazi fundado en 2016 cuyos miembros se preparan para una guerra racial contra lo que consideran el desplazamiento cultural y racial de la raza blanca. Tras múltiples arrestos, el grupo se disolvió en julio de 2020 y formó un nuevo grupo, el Orden Nacional Socialista (NSO). En septiembre de 2022, la NSO anunció en su sitio web que estaban formando un grupo separado, llamado Frente de Resistencia Nacionalsocialista (NSRF). Si bien puede haber miembros de NSO o NSRF con sede en California, en este momento, no estamos seguros de la reciente actividad de estos grupos en el estado. Las redes aceleradoras como estas tienden a ser principalmente en línea, produciendo blogs y publicaciones que fomentan los ataques de lobos solitarios”.
Un «Sol Negro» que irradia oscuridad
Atomwaffon cambió su nombre a NSO, pero mantuvo su logo, la señal de alerta radiactiva sobre un campo divisional de las SS nazis.
Está emparentado también con el Movimiento de Resistencia Nórdico (nazismo escandinavo) y el Batallón Azov (milicias neonazis ucranianas). Y tiene sucursales propias como Sonnenkrieg Division en el Reino Unido, la División Azul en España, Nuovo Ordine Sociale en Italia, AWD Siitoin Squadron (Finlandia), AWD Russland (Rusia), Feuerkrieg Division (Estados Balticos), La Orden del Norte (Canadá) y AWD Deutchland (Alemania).
En todos los casos el Sol Negro es parte de la simbología, heredada de las SS que conducía Heinrich Himmler, uno de los oficiales más importantes del Tercer Reich. Es también parte de la simbología del capítulo argentino de Atomwaffen, simbología que tiene tatuada en su brazo Fernando Sabag Montiel, el joven que el 1° de setiembre de 2022 intentó asesinar a la entonces vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Otro grupo vinculado con Atomwaffen es el Foro Nacional Patriótico, que conduce Carlos Gustavo Pampillón, procesado en 2022 por amenazas a miembros de las comunidades LGTBQ+ y judía. El tema generó un escándalo político el año pasado porque Lilia Lemoine, diputada nacional de La Libertad Avanza (el partido del actual presidente Javier Milei),difundió y reivindicó en sus redes un mensaje de este personaje Pampillón. El mismo Pampillón había sido procesado en 2018 por los fiscales federales de la ciudad de Mar del Plata Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik. En aquel juicio, se logró la condena de estas personas por pertenecer a una asociación ilícita que intentaba imponer ideología a través de la fuerza.
En diálogo con Hispanic LA, Laura Mazzaferri, fiscal federal número 1 de Mar del Plata, dijo: “Actuaban más artesanalmente, pero pudimos probar tintes terroristas, que es un agravante genérico para la legislación argentina”. Ella tiene abierta actualmente una investigación contra otro grupo que sí está vinculado con Atomwaffen en Argentina y aclara: “Estos tienen una ideología de supremacía blanca, se comunican por foros de internet o por telegram y tienen como principales objetivos a la comunidad LGTBIQ+, a grupos feministas, judíos o kirchneristas”. La fiscal, con larga trayectoria y experiencia en investigar grupos neonazis, ejemplificó: “Hay conversaciones entre ellos en las que uno dice: ‘Qué ganas tengo de salir a matar un judío’, y el otro le responde: ‘Fijate que anda Kicillof (el gobernador de Buenos Aires) por acá, busquemos un francotirador’. Ese es el tenor de las conversaciones”.
Consultada sobre el perfil de los integrantes de Atomwaffen en Argentina, Mazzaferri dijo: “Van desde los 16 hasta los 23 o 24 años, todos varones, de clase media baja, van a la escuela y los más grandes tienen problemas de desocupación, problemas en la casa y, en algunos casos, problemas psicológicos o psiquiátricos”. Y pide hacer una aclaración importante: “No llegan a ser una organización, son más bien una red”.
Para sus investigaciones, la fiscal de Mar del Plata pidió colaboración a la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo, que le respondió en un extenso informe, y en una parte señala textualmente: “La promoción de violencia política, sus declaraciones públicas discriminatorias y agraviantes, su activismo en el reclutamiento, su incitación a que lobos solitarios comentan ataques, la intimidación a comunidades que consideran sus enemigos son indicios que deben ser tenidos en cuenta”. Por otra parte, la fiscal Mazzaferri ha colaborado y sigue trabajando conjuntamente con Estados Unidos.
El año pasado, el FBI pidió colaboración en el caso de amenazas contra un periodista, porque rastreando el IP de las amenazas, podía ser de Argentina. “Nosotros investigamos ese hecho e identificamos el IP en la provincia de La Pampa, allanamos la casa y secuestramos el celular que pertenecía a un chico de 17 años”, contó la fiscal, quien agregó que también ha pedido colaboración recíproca a Estados Unidos para seguir investigando a estos grupos en Argentina.
Entre estos países citó a Australia, Austria, Argentina, Bélgica, Reino Unido, Alemania y España.
La Duma rusa (Cámara baja del Parlamento) inició los debates del proyecto de ley que prohíbe la entrega en adopción o el tutelaje de niños para los ciudadanos extranjeros en cuyos países esté autorizado el cambio de sexo.
«La propuesta de tomar esta decisión cuenta con un gran apoyo. Ya lo habíamos debatido antes. Será un paso correcto y legítimo en el marco de la política estatal de Rusia dirigida a defender los valores tradicionales y la infancia», indicó el presidente de la Duma rusa, Viacheslav Volodin, en su cuenta de Telegram.
Al anunciar el inicio de estos debates, Volodin puntualizó que esta propuesta supone la negativa de adopción o tutelaje de niños rusos a ciudadanos de aquellos países que autoricen el cambio de sexo por vías médicas o mediante cambios en los documentos de identidad.
Entre estos países citó a Australia, Austria, Argentina, Bélgica, Reino Unido, Alemania y España.
«Esta ley nos permitirá proteger a los niños», indicó, al defender que excluirá el posible riesgo de un cambio de sexo para los niños rusos adoptados en estos países.
Rusia ya había prohibido en 2013 la adopción de niños rusos por parte de parejas extranjeras del mismo sexo como parte de una cruzada contra la homosexualidad que ha ido ganando fuerza desde entonces.
Si en un principio se prohibió la propaganda homosexual entre menores, las autoridades rusas han recrudecido estas normas, extendiéndolas a cualquier tipo de propaganda homosexual y la prohibición del cambio de sexo.
Dos casos tienen sentencia, el resto está impune. El día Mundial de las Diversidades Sexuales y Género encuentra a Bolivia sin muchos avances en el tema de acceso a la justicia para la comunidad LGTBIQ+.
Apuñalada, desangrada y en el olvido. Así murió Noelia, una mujer trans de 21 años de edad, el pasado 30 de abril en un hostal de la ciudad de Oruro. Fue víctima del odio de su agresor, un adolescente de tendencias homofóbicas que planeó el crimen días antes de siquiera conocerla. Su cuerpo fue encontrado dos días después del crimen. La sociedad no notó su ausencia, así como no aceptó su vida.
“Su cuerpo sin vida estuvo dos días dentro de su habitación. Solo la encontraron porque era hora de cobrarle el alquiler. Hasta cuándo vamos a morir así”, afirma una de sus compañeras.
El caso de Noelia es solo uno de los, al menos, 21 transfeminicidios -de 28 crímenes de odio- registrados en los últimos 15 años en Bolivia. Los datos se desprenden de las estadísticas del Observatorio de los Derechos LGBT y una revisión de los reportes de prensa hecha por Visión 360 para esta nota.
Pero estos solo son los casos corroborados. En la memoria colectiva de la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer (LGTBIQ+), las cifras de quienes fueron asesinadas por prejuicios a su identidad sexual superan las 70. Y es que el Estado como tal no tiene una base de datos oficial.
“Estos datos no se tienen desagregados por orientación o por identidad ni en el Ministerio Público, la Fiscalía, la Policía u otra entidad estatal. Por eso tenemos el Observatorio”, afirmó Stephanie Llanos, de la Asociación de Desarrollo Social y Promoción Cultural (Adesproc) Libertad GLBT.
Población trans y violencia
Al igual que Noelia, en 2020 Gabriela, de 19 años, fue asesinada en un alojamiento de El Alto, con una violencia extrema. El asesino le propinó 19 puñaladas, con tal saña que no le dio oportunidad alguna. Escapó del lugar sin dejar evidencias.
Oriunda de Beni, Gabriela llegó a La Paz en busca de una oportunidad. Como muchas, huía de un entorno que la rechazaba por ser ella misma.
Un caso anterior a la muerte de Gabriela también ocurrió en El Alto en diciembre de 2018, cuando la mujer trans Litzy Hurtado fue asesinada en una discoteca. Primero recibió agresiones de un grupo de hombres y finalmente fue apuñalada por uno de ellos con un destornillador que la hirió de muerte.
Varios países de la región no cuentan con información sobre la situación social de la población trans. Por este motivo, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los gobiernos, incluido el boliviano, recolectar información estadística sobre la violencia ejercida contra las personas LGBT.
Los pocos datos obtenidos señalan que una de las formas más extremas del estigma y discriminación es la violencia social e institucional. Si bien es un mal que afecta a toda la población, las personas trans lo sufren en forma desproporcionada, por ser víctimas de crímenes de odio y por la impunidad en la que estos quedan.
“Desde 2018 hacemos informes nacionales sobre la vulneración de derechos humanos de la población trans en Bolivia. Lamentablemente hemos visto una cantidad de denuncias muy alta. Solo este año hemos visto dos crímenes de odio. Vivimos en un contexto de violencia y desprecio, sobre todo en el caso de las mujeres trans”, explica Moira Andrade, directora general de la Red Trebol de Bolivia y referente nacional para la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans.
33% de la población LGTBIQ+, que participó en la primera encuesta virtual, señaló no contar con ninguna cobertura en salud, con las mujeres trans las más afectadas.
Afirma que hay una ausencia de parte del Estado y de las autoridades e incumplimiento de las leyes establecidas en los últimos años. Esto hace que esta población no acceda a salud, educación, trabajo o justicia plena, puesto que los crímenes de odio y los diferentes tipos de violencia quedan en la impunidad.
Transfeminicidios
El 9 de noviembre de 2016, tras el asesinato de Dayana a manos de su pareja (Santa Cruz), miembros de la población LGTBIQ+ protagonizaron una serie de protestas. En las marchas exigieron que los asesinatos a mujeres trans sean tipificados como feminicidios, en respeto a su identidad.
El caso de Dayana es uno de los más crueles y en los que hay negligencia de las autoridades. Pese a que su pareja le robó, la torturó y la degolló, tras una revisión del cuerpo, convirtieron el caso de feminicidio en un “homicidio por celos”.
Y es que cuando la Policía levantó su cuerpo calificaron el crimen como un feminicidio, pero en la autopsia notaron que si bien tenía senos, sus genitales masculinos aún estaban presentes. Pese a su identidad de género se afirmó que se trataba de un hombre y que la figura no correspondía.
“Cuando se encuentra a una persona sin vida, para identificarla, se basan únicamente en la parte genital. Por eso, para nosotras, uno de los desafíos más grandes es tener acceso a la justicia”, sostiene Llanos.
En coincidencia, desde la Defensoría del Pueblo, Paola Tapia, jefa de la Unidad de Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad y Diversidades Sexuales, afirma que no se cuenta con datos oficiales porque las autoridades no registran a las víctimas respetando su identidad de género. Indica que se basan en los documentos de identidad oficiales (cédula de identidad), los que muchas veces no registran la identidad con la que las víctimas vivían o eran conocidas.
“Además, la mayoría de estos casos no llegan a condena o siquiera a imputación formal en contra de los autores. Quedan en el olvido o el archivo por parte del Ministerio Público. Podemos citar algunos casos que quedaron hasta la fecha sin justicia: Alessandra Ferreti, Santa Cruz (2021), Gabriela Ramírez El Alto (2020), Litzy Hurtado El Alto (2018)”, sostiene.
Un segundo intento para conseguir la tipificación de feminicidio se hizo en 2021, luego del asesinato de Alessandra en un alojamiento de Cochabamba. Hace poco había llegado de Santa Cruz, era víctima de discriminación y no podía encontrar trabajo. Entonces se dedicó a lo único donde le abrieron las puertas, el trabajo sexual. Una mañana sus compañeras la encontraron sin vida en su habitación, fue asfixiada con el cable de una secadora de pelo.
Vanos fueron los intentos de obtener justicia bajo la tipificación de feminicidio.
Noelia, primer feminicidio
“Este asesinato (el de Noelia) es un feminicidio, el tercero en Oruro en lo que va de 2024”, declaró el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.
Para la comunidad LGBTIQ+ este reconocimiento es muy importante. Por primera vez se podría conseguir que el asesinato de una mujer trans sea tipificado como un feminicidio.
“A la fecha solo dos casos de todos los crímenes de odio en contra de la población LGTBIQ+ tienen sentencia, ambos por homicidio. En el caso de Noelia, en Oruro, sí se investiga por feminicidio, pero aún no hay sentencia. En este caso los medios y las autoridades respetaron su identidad de género”, dice Llanos.
Para Andrade si bien hay la figura de feminicidio, es lamentable que no se pueda tener una sentencia en la que se plasme la figura de transfeminicidio. Esto, a su parecer, visibilizaría la situación de esta población.
“Debemos seguir pidiendo políticas públicas y denunciar la ausencia del Estado”, asevera consciente de que aún les queda una lucha muy larga.
Desde la Defensoría del Pueblo, Tapia menciona que para evitar la impunidad es necesario que los operadores de justicia cumplan con su trabajo, libres de estereotipos o sesgos.
“Debemos contar con jueces, fiscales y policías que entiendan y comprendan las afectaciones a los derechos humanos con los que se enfrentan las personas LGBTI. Se debe respetar la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, dejarlas de registrar como ‘hombres vestidos de mujer’ y comprender que las mujeres trans también pueden ser víctimas de hechos de violencia machista que puede conllevar a arrebatarles la vida”, afirma.
Situación de las personas de la población LGBTIQ+ está en una situación “rezagada”
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en general, el ejercicio de derechos de las personas LGBTI en Bolivia aún está muy rezagado. Se afirmó que persisten brechas de desigualdad de esta población respecto al resto.
En la gestión pasada, la Defensoría del Pueblo presentó los resultados de la primera encuesta virtual que se realizó a la población LGBTI en el país, que abordó 11 temáticas.
“Por ejemplo, el 33% de la población que fue encuestada señaló no contar con ninguna cobertura en salud, siendo la población más afectada la de las mujeres trans”, manifestó Paola Tapia, jefa de la Unidad de Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad y Diversidades Sexuales.
Lamentablemente la mayor cantidad de personas participantes señalaron que no conocen los requisitos ni procedimientos para adscribirse al SUS. Ello conlleva a que esta población se encuentre desprotegida e invisibilizada de las estadísticas oficiales del Estado en materia de salud.
8 normas fueron puestas en vigencia en 15 años. Desde la Ley 807 de Identidad de Género, hasta la 348 y la 045 Contra el racismo y toda forma de discriminación.
“Otro tema de urgente atención es la situación del derecho a la educación en la población. El 28% de la población participante tiene como máximo logro educativo el bachillerato y un 5% no concluyó la secundaria”, dijo.
El 39,7% de la población encuestada señaló que no se encontraba realizando ningún tipo de actividad educativa. El principal motivo es la falta de recursos económicos. Estas limitantes económicas les obligan a recurrir al trabajo sexual como forma de sustento.
Asimismo, un 53% señalaron haber sido víctimas de algún hecho de discriminación durante el último año.
“Por ello la Defensoría del Pueblo considera que el Estado debe establecer medidas afirmativas diferenciadas que incentiven o mejoren las condiciones de vida de esta población”, indicó Tapia.
El viernes 28 de junio de 2024, el Tribunal Constitucional de Malawi desestimó a dos demandantes que buscaban la legalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Detenidos en 2021, un hombre de los Países Bajos y un transexual de Malawi están acusados de varios cargos de pecados antinaturales. Intentaron escapar de la ley haciendo que esta última fuera declarada inconstitucional.
El sitio web VOA Afrique (Voice of America) informa que los dos acusados, que fueron arrestados hace tres años bajo la ley de homosexualidad de Malawi, presentaron una petición al tribunal diciendo que las leyes de Malawi violaban sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la privacidad y la dignidad.
Esta ley tipifica la homosexualidad como un delito punible con una pena máxima de prisión de catorce años.
Los tres jueces rechazaron los argumentos de los demandados, afirmando «que los demandantes no habían aportado pruebas de que las disposiciones de la ley nacional discriminaran a los homosexuales».
El Tribunal Constitucional afirmó además que “los demandantes eran libres de pedir al Parlamento que modificara las leyes del país sobre la homosexualidad, si no estaban satisfechos con su sentencia”.
Una sociedad muy favorable a la ley
Hace un año, cuando este caso comenzó ante el Tribunal, la Conferencia Episcopal de Malawi organizó una manifestación a nivel nacional para dar a conocer su posición. También distribuyó una carta en la que recordaba la importancia de la familia para la sociedad y especificaba que la “familia” debe estar compuesta por un esposo, una esposa y sus hijos.
También recordó que los actos sexuales solo están permitidos entre personas casadas (hombre y mujer) y que cada acto debe expresar amor y apertura a la procreación. También acusaron a las empresas extranjeras de querer imponer su perversión en África, aprovechándose abyectamente de la pobreza del país.
A los católicos que representan el 45% de la población se unieron los protestantes que representan el 33%, así como los musulmanes (10%).
El Padre Alpheus Zikomankhani, que envió un comunicado a ACI África, explica que los defensores de la familia están satisfechos con la sentencia y añade: «Damos gracias a Dios por esta victoria».
Evidentemente, en el mundo “occidental”, las mentes formateadas por una legislación que ha anulado completamente el derecho natural, no entienden tal decisión. Lo ven como un ataque a la privacidad, a la voluntad de cada persona, y consideran que las leyes de Malawi constituyen una discriminación intolerable.
Mientras que son estas legislaciones occidentales las que caen en la peor perversidad: la del rechazo de la ley natural y divina, para encerrarse en una “libertad” prometeica que se cree por encima de todo. Pero el mal es ahora tan profundo que no debemos esperar que estos espíritus puedan comprenderlo. Por tanto, la carrera hacia el abismo no ha terminado.
Ocurrió en una pensión del barrio de Barracas de Buenos Aires, donde Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglo compartían habitación. Los testigos afirman que un hombre irrumpió en la casa y arrojó un artefacto incendiario que prendió fuego a las mujeres.
Pamela murió poco después. Su compañera Roxana murió días después por un fallo orgánico. Andrea murió el 12 de mayo en un hospital.
Sofía, la compañera de Andrea, fue la única superviviente. Pasó semanas recuperándose en el hospital y hoy está viva sólo porque Andrea se tiró encima de ella para protegerla de las llamas, dijo a CNN la abogada de Sofía, Gabriela Conder. «Su compañera la salvó», afirmó Conder.
Defensores locales de los derechos LGBTQ condenaron el ataque como un crimen de odio y lesbicidio, diciendo que las mujeres fueron atacadas por su identidad sexual. La Policía detuvo a un hombre de 62 años que vivía en el edificio pero, según Conder, por el momento no está tratando el incidente como un crimen de odio, ya que dicen que el motivo aún no está claro.
Para los grupos LGBTQ de Argentina —muchos de los cuales planearon rendir un homenaje para conmemorar a las cuatro mujeres con una manifestación el fin de semana— el ataque representa una manifestación extrema de lo que consideran una creciente ola de hostilidad contra ellos. A quienes más culpan de esta creciente intolerancia es a las personas en el poder. El principal de ellos, dicen, es el nuevo líder de la extrema derecha del país, Javier Milei.
«Las cosas cambiaron con el nuevo Gobierno de Javier Milei», afirma María Rachid, directora del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, y miembro de la junta directiva y fundadora de la Federación Argentina LGBT (FALGBT).
«Desde el inicio del nuevo Gobierno, hay funcionarios del gobierno nacional expresándose de manera discriminatoria y esos discursos de odio ante nuestras comunidades desde lugares con tanto poder, por supuesto, lo que hacen es generar —en realidad legitimar— y avalar estas posiciones discriminatorias que luego se expresan con violencia y discriminación en la vida cotidiana», dijo Rachid.
Milei, en el punto de mira
Cuando Milei se presentó a las elecciones presidenciales de 2023, él y su partido fueron acusados de hacer comentarios ofensivos contra las comunidades LGBTQ que fueron considerados incitación al odio por múltiples grupos, entre ellos el Observatorio Nacional de Delitos de Odio LGBTQ de Argentina.
En una entrevista en YouTube antes de las elecciones de noviembre, Milei insistió en que no se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en esa misma entrevista llegó a comparar la homosexualidad con tener relaciones sexuales con animales.
«¿Qué me importa cuál sea tu preferencia sexual? Si quieres estar con un elefante, y tienes el consentimiento de ese elefante, eso es un problema entre tú y el elefante», dijo, enfureciendo a las comunidades LGBTQ, que calificaron los comentarios de deshumanizadores.
A finales de octubre, la entonces diputada electa Diana Mondino, que más tarde se convertiría en ministra de Asuntos Exteriores de Milei, declaró a un entrevistador que en teoría apoyaba la igualdad matrimonial, pero al mismo tiempo la comparaba con tener piojos.
«Como liberal, estoy a favor del proyecto de vida de cada persona. Es mucho más amplio que la igualdad matrimonial. Permítanme exagerar: si prefieres no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, ya está. No te quejes luego si hay alguien a quien no le gusta que tengas piojos», dijo.
La administración de Milei argumentó que algunas de esas medidas formaban parte de su plan para recortar el gasto público en respuesta a las dificultades económicas del país. Pero los críticos afirman que sus acciones han normalizado una cultura de discriminación hacia los grupos LGBTQ y, en los casos más extremos, han dado lugar a ataques violentos como el ataque ocurrido el 6 de mayo.
«Cuando el discurso de odio es habilitado por quienes están en el poder, estos sectores comienzan a sentirse legitimados para atacar», dijo a CNN Esteban Paulón, expresidente de la FALGBT que fue elegido diputado el año pasado, en una entrevista telefónica. «Y obviamente, detrás de los ataques verbales vienen los ataques físicos».
«(Los ataques) siempre han ocurrido. Esa es la realidad. Pero se incrementaron más en este Gobierno actual debido a los discursos de odio que se mantienen constantemente en la televisión, incluyendo los discursos de odio que ejerce nuestro presidente Javier Milei», dijo Jesi Hernández, lesbiana y miembro de comunicación de Lesbianxs Autoconvocadxs por la masacre de Barracas.
«Hoy fueron Pamela, Roxana, Andrea y Sofía. Y mañana puedo ser yo».
CNN se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones con la presidencia de Argentina para pedirle comentarios sobre estas acusaciones, pero no ha recibido respuesta.
Aumento de los delitos de odio
En 2023, un informe anual del Observatorio Nacional de Delitos de Odio LGBTQ registró 133 crímenes en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas se utilizaron como pretexto para los ataques. Esas cifras aumentaron con respecto a 2022 y 2021, cuando se registraron 129 y 120 delitos, respectivamente.
Rachid señala que las cifras del observatorio sólo representan los ataques que han sido registrados oficialmente, y que las cifras reales son probablemente mucho más altas.
Hernández, por su parte, señala que la vida cotidiana de muchas personas se ha visto afectada de un modo que las estadísticas no muestran por sí solas. Algunos temen ser el próximo objetivo.
«La verdad es que ahora, dormir tranquilo en tu cama es un privilegio», dijo Hernández, refiriéndose al ataque del 6 de mayo, «porque no sabes si tienes un vecino que te va a tirar algo o va a entrar. Dormir es ahora un privilegio para nosotros».
A pesar de los llamamientos de los activistas LGBTQ, el incendio provocado se investiga actualmente como homicidio con agravantes y no como delito de odio, según Conder, el abogado de Sofía. Sofía tiene programado testificar a finales de mes, dijo Conder. CNN se ha puesto en contacto con el tribunal penal que investiga el caso, pero no ha recibido respuesta.
Poco después de los asesinatos del 6 de mayo, el portavoz presidencial Manuel Adorni condenó el ataque pero descartó que estuviera motivado por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas
«No me gusta definirlo como un ataque a un grupo determinado», dijo Adorni en una rueda de prensa. «Hay muchas mujeres y hombres que están sufriendo violencia y son cosas que no pueden seguir ocurriendo».
Los progresistas condenaron sus declaraciones, insistiendo en que el Gobierno debería considerar el lesbicidio como un delito de odio.
Adorni respondió en las redes sociales con una imagen de un diccionario español que decía que lesbicidio no es una palabra registrada.
Progreso en Argentina
Argentina fue en su día un pionero progresista en América Latina.
Los activistas LGBTQ temen que estos logros históricos se vean ahora socavados —y potencialmente amenazados— por el Gobierno actual. Pero también les consuelan las encuestas que sugieren que las opiniones contrarias al colectivo LGBTQ son minoritarias en Argentina.
Según una encuesta de opinión pública realizada en mayo por la Universidad de San Andrés, alrededor del 72% de los encuestados se declaró a favor de la igualdad matrimonial, el 70% dijo apoyar las políticas que protegen a las personas transexuales de la discriminación, el 75% dijo no considerar que la transexualidad sea una enfermedad que deba tratarse médicamente y el 79% afirmó que la educación sexual integral en las escuelas es algo positivo.
Los recientes ataques han impulsado a los activistas a luchar por nuevas políticas y acciones que protejan aún más los derechos LGBTQ.
El congresista Paulón dijo a CNN que los legisladores están trabajando con grupos de derechos en varias leyes que, entre otras cosas, castigarían los actos discriminatorios, evitarían el acoso en las escuelas y prohibirían los esfuerzos para tratar de «corregir» la orientación sexual, la identidad y el género de las personas.
También dijo que para reducir los ataques a las comunidades LGBTQ, sus voces y demandas deben ser amplificadas en más sectores de la sociedad.
Con este fin, Hernández animó a los grupos LGBTQ a hacer frente a los discursos de odio, diciéndoles a esas comunidades: «No están locos, no están enfermos, no son personas con piojos. Todo lo contrario. Yo les diría que son personas disruptivas, que se están saliendo de los moldes de la ‘normalidad’. Y que son muy valientes… y que son lo que quieren ser, a pesar de todo».
Los activistas chilenos criticaron la Ley de Identidad de Género de Bolivia, que prohíbe que aquellos que se cambien de sexo ejerzan un cargo público
Concluido el mes del orgullo LGBT, expertos en el tema de identidad de género evalúan la condición de los derechos y las políticas de estado en favor de las personas lesbianas, gays, transexuales y no binarias.
En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, los chilenos Ramón Gómez; coordinador de proyectos de MOVILH; María José Cumplido, directora ejecutiva de la Fundación Iguales; y Makarena Salles, dirigenta de la asociación Trans libera Arcoíris compararon las políticas en el tema de identidad de género con el estado de Chile.
“Hay mucho que avanzar en Bolivia. No hay plataformas para la diversidad”, lamentó Salles, una mujer transexual.
Pese a estar bajo el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) por casi 20 años, situado a la izquierda del espectro político, Bolivia presenta varios retrasos y desafíos en materia progresista con la identidad sexual.
“No cuenta con ley de matrimonio igualitario. Algo que nos ha sorprendido es que la ley de identidad de género inhabilita a las personas ejercer un cargo público; te concedo un derecho, pero te quito otro”, criticó Gómez.
La Ley de Identidad de Género, promulgada en 2016, otorga a los ciudadanos bolivianos la posibilidad de cambiar su sexo en todos sus documentos públicos.
Asimismo, los presentes criticaron un exceso de burocratización en el trámite para el cambio de sexo. De acuerdo con Salles, en Chile, que está mucho más avanzado en este tema, el proceso dura 45 días; mientras que en Bolivia se estanca por tiempo indefinido.
Sin embargo, Cumplido advirtió una paralización de los avances en derechos de género en el país vecino.
“Chile está bastante avanzado en tema de política y leyes. Aquello que falta por hacer es el tema de reformas más que crear algo nuevo”, expresó Gómez.
Con sus plataformas, Gómez, Cumplido, y Salles, realizaron un seminario para fomentar el desarrollo de políticas en beneficio de los derechos de género.
“El estado chileno ha marcado un hito, pocas veces países sudamericanos realizan actividades por la promoción de derechos humanos en otro país”, explicó Gómez. Ahora las pocas plataformas bolivianas asistirán a un evento en Chile.
Salles advirtió que este tema se complejiza cada vez más, puesto que el tema de la identidad es voluble. Se refirió a las personas que se identifican como no binarias y rompen con la dicotomía masculino-femenino de los documentos públicos.
“También tienen derecho a su identidad. Tenemos que tener la mente abierta para recibir esas identidades”, afirmó.
Coincidieron en que los avances que se logren, tanto en el país como en Chile, dependerán de la convicción con la que se presenten las propuestas.
Tomadas de la mano, Andrea y Fiorella acuden a una misa improvisada en el garaje de una casa en San Salvador. Allí no temen ser discriminadas, dicen, por una sociedad que cierra, cada vez más, los espacios a la diversidad sexual.
Ante un crucifijo colgado en una columna bajo una hilera de banderitas multicolores, unos 15 miembros de la comunidad LGBT entonan cánticos, comulgan y escuchan pasajes de la biblia.
«Es un espacio seguro donde puedo asistir con mi pareja, ser bienvenida sin ser juzgada», dice a la AFP Fiorella Turchkeim, una psicóloga de 30 años.
Para ella y Andrea Ordóñez, una farmacéutica de 30 años, la llamada Comunidad Santa María Magdalena, organización de inspiración anglicana que se define como «radicalmente inclusiva», es «un respiro» en medio de un clima de «intolerancia».
Tras ser reelegido por otros cinco años en febrero pasado gracias a su guerra antipandillas, el presidente Nayib Bukele ha adoptado una política conservadora, pese a que antes de llegar al poder decía apoyar las reivindicaciones de los LGBT.
Hace una semana, Bukele anunció el despido de 300 empleados del Ministerio de Cultura por promover «agendas» incompatibles con la visión de su gobierno, lo que varios funcionarios celebraron como una defensa de «la familia tradicional», «la fe» y «la vida».
Días antes, el Ministerio de Cultura había aprobado la presentación de una obra LGBT en el Teatro Nacional, cancelada abruptamente tras su primera función.
Los LGBT quedan «en situación de vulnerabilidad» cuando la gente escucha al presidente definirlos como «antinatural, antidios, antifamilia», dijo a AFP Luis Chávez, gay que ejerce de pastor en la organización religiosa que se congrega desde hace unos dos años en la casa de una oenegé.
Poco después de arrasar en los comicios, Bukele asistió en febrero, al igual que su homólogo argentino Javier Milei, a la mayor convención de conservadores de Estados Unidos, que ovacionó al expresidente Donald Trump.
Ese mismo mes, el Ministerio de Educación anunció que retiró de los textos escolares «todo rastro» de perspectiva de género, decisión aplaudida por grupos conservadores y criticada por activistas de derechos humanos.
Bukele está entrando «en este pequeño club de políticos de ultraderecha megarreaccionarios», opinó el antropólogo Juan Martínez.
También en febrero, el Ministerio de Salud eliminó un protocolo con el que personas de diversidad sexual recibían atención «libres de estigma y discriminación» en un programa de prevención de VIH/sida, aseguró a AFP Aranza Santos, del Colectivo Alejandría LGBTQI+.
La AFP solicitó al gobierno comentarios al respecto, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.
Con la bandera arcoíris en su espalda, Turchkeim acudió con su pareja a la marcha del Orgullo el pasado sábado en San Salvador para exigir el respeto a la diversidad sexual.
«Es preocupante (la postura oficial) por la persecución mediática que hay para la población LGBTQI», expresó entre el bullicio de la música y las consignas de los manifestantes.
Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, en El Salvador «8 de cada 10 personas LGBTQI+» sufre «discriminación en razón de su orientación sexual» o identidad de género.
Turchkeim y Ordóñez son pareja desde hace dos años, pero sus familias no aceptan su relación. «Para evitar problemas», dice la joven farmacéutica, no muestran su afecto en público.
Ordóñez cuenta que hace unos años integró un coro católico, pero el director del grupo la excluyó en una Semana Santa porque le dijo, aludiendo al lesbianismo, que era «una aberración». «Fue un choque saber que no había espacio para mí», recordó.
«Las personas de diversidad sexual están lastimadas por las iglesias tradicionales», afirmó Chávez, tras explicar que aunque miembros de Santa María Magdalena acudían a la iglesia anglicana, en el templo improvisado se sienten más libres.
El gobierno y parte de la sociedad «quieren negar nuestra existencia y ante eso nos toca alzar la voz, exigir y luchar por nuestros derechos», comentó a AFP Grecia Villalobos, activista de Concavis Trans, organización de defensa de derechos de personas transgénero.
«No vamos a permitir que se nos estigmatice, se nos discrimine y se nos vuelva a encerrar en los closet», agrega Santos.
La lucha será larga. Turchkeim y Ordóñez planean casarse en agosto de 2025, pero deberán viajar a Costa Rica, donde las uniones de parejas del mismo sexo son legales desde mayo de 2020.
«Quisiéramos que fuera acá, pero pues claro… aquí es bien difícil», se resigna Turchkeim.
Brenda Biya, la hija del presidente de Camerún, Paul Biya, aparentemente se ha declarado lesbiana.
Como ya lo saben, su Tía Escándala les trae también contenido internacional mis chismosas corazonas. Y en este ámbito les traigo una noticia importante.
Resulta que el pasado 30 de junio, curiosamente el último día del Mes del Orgullo, Brenda Biya, hija del presidente de Camerún, Paul Biya, compartió una foto en Instagram, donde se la puede ver besando a la modelo brasileña Layyons Valença.
Brenda compartió la foto con un mensaje que dice así:
«PD: ESTOY LOCA POR TI Y QUIERO QUE EL MUNDO LO SEPA»
La joven de 26 años desactivó los comentarios a la publicación (ya ven que lxs trolls casi no son peladxs y metiches con sus comentarios). Sin embargo, respondió a un usuario que destacó la postura arcaica de su padre sobre la comunidad LGBT+.
Y es que Paul Biya, el padre de Brenda, ha sido el presidente de Camerún desde 1982, lo que lo convierte en el segundo presidente que más tiempo ha gobernado en África y es el jefe de estado más longevo del mundo.
Y dicho sea de paso, en este país del África Central es ilegal la diversidad sexual desde que este señor inició su gobierno. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se castigan con hasta cinco años de prisión.
Brenda supuestamente le contestó al preguntón:
«NADIE TENDRÁ NADA QUE DECIR PORQUE SOLO EL AMOR VENCERÁ. NO APRUEBO EL ODIO, CREO QUE LA MENTALIDAD DEBERÍA CAMBIAR, PERO CAMBIARÁ UNA VEZ QUE LA GENTE ESTÉ LISTA».
Al papá y al gobierno de Camerún les ha de haber caído como patada en los abajines esta declaración de Brenda, quien ya de por sí ha sido acusada de ser una «manipuladora política» y una «controvertida y provocadora» de las redes sociales.
Activistas muestran entusiasmo y esperan un impacto positivo en el país.
Sin embargo, activistas LGBT+ de la nación africana han alabado las palabras y postura de la muchacha.
Algunxs activistas piensan que, la exhibición sin remordimientos de su sexualidad por parte de Brenda, podría ser un punto de inflexión para la comunidad LGBT+ en Camerún.
Alice Nkom, abogada camerunesa y defensora de los derechos LGBT+ declaró:
«SE NECESITA MUCHO CORAJE PARA SER LA HIJA DEL JEFE DE ESTADO DE UN PAÍS QUE REPRIME LA HOMOSEXUALIDAD Y PARA REVELAR LA PROPIA SEXUALIDAD DE LA MEJOR MANERA POSIBLE».
«TU VALENTÍA PUEDE SER CORONADA CON UN CAMBIO BIENVENIDO INCLUSO PARA AQUELLOS QUE NO TIENEN TU VALENTÍA».
A mi me da pendiente manas de que Brenda vaya a ser víctima de algún acto represor de esa gente fanática y metiche. Ojalá y el amor persista y el padre de la joven se sensibilice un poco y tal vez pueda servir para que, efectivamente, la libertad sexual en Camerún pueda ser una pronta realidad.
Al ritmo de la banda, la tarde de este miércoles, 3 de julio, comenzó la primera marcha del Día del Orgullo LGBT+ en la cancha principal del PC-4 del penal de Palmasola. Cerca de 40 privados de libertad desfilaron portando banderas de la comunidad, bajo una pancarta que decía «Pabellón LGBT», mientras eran observados y aplaudidos por otros internos desde las graderías.
Después del recorrido, ingresaron a la cancha techada para participar en un acto oficial, acompañados por autoridades penitenciarias, representantes del Defensor del Pueblo, Derechos Humanos y de Asuncami (Asociación Nuevo Camino), quienes apoyaron la realización del evento.
Mauricio Romero, director de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, destacó la importancia de la marcha. «Este evento de la comunidad LGBT+ es parte de la inclusión y la reinserción social dentro de la sociedad. Palmasola es el primer recinto penitenciario del país en diversificar la diversidad sexual. El Estado debe apoyar esta inclusión y queremos replicar esta iniciativa en otras cárceles del país», dijo la autoridad.
Rubí Flores, psicóloga del penal, enfatizó la relevancia de la «marcha histórica». «Es fundamental que las personas LGBT+ en el penal puedan expresar con orgullo su identidad, sin sentirse discriminadas ni aisladas. En la cárcel también se deben respetar los derechos de esta población», indicó la especialista.
Por su lado, Sheila Gómez, delegada departamental de la Defensoria del Pueblo, expresó: «Esperamos que este evento se multiplique y se extienda a otras cárceles del país. Respaldamos las demandas de la comunidad y haremos seguimiento a otros temas relevantes en centros de detención».
En tanto, Yasmany Sevilla, representante de la población LGBT del PC-4, agradeció el apoyo de las autoridades penitenciarias y recalcó que: “No pedimos tolerancia, exigimos respeto. Los derechos humanos son universales para todos».
«Para mí, este día es histórico. Estuve recluida durante un año y medio aquí (en Palmasola), antes no podíamos mostrar una sola bandera del Orgullo LGBT. Ahora podemos hacerlo», manifestó la activista Alexandra Tarrazona, presidenta de la Alianza Social LGBT, quien compartió su emoción frente a su comunidad.
«Un sueño de tres años»
«No puedo estar más feliz y sorprendido por la apertura tanto de las autoridades de Palmasola como de la Defensoria del Pueblo, y especialmente, de los propios privados de libertad, que nos apoyaron con tanto entusiasmo», expresó Noe Alexis Rueda, presidente de la Asociación Transcender.
Para el activista, esta jornada se cumplió un sueño que la comunidad LGBTIQ+ de Santa Cruz tenía desde hace tres años con la población privada de libertad LGBTIQ+. Espera que esta iniciativa se replique y que tenga una mayor recepción en el futuro.
Testimonio de Leonardo, miembro de la comunidad LGBT+
«La realización de la primera marcha LGBT+ en Palmasola es un hecho importante y significativo porque da visibilidad y reconocimiento a los derechos de la población LGBT+ en el sistema carcelario, y destaca la necesidad de proteger sus derechos y garantizar un trato digno y libre de discriminación.
También representa la lucha incansable contra la homofobia y transfobia en los centros penitenciarios, ya que las personas de la comunidad LGBT+ privadas de libertad enfrentan situaciones de acoso, violencia y vulneración de derechos. Esta marcha es un paso importante para denunciar estas problemáticas y exigir un cambio en la cultura carcelaria.
De igual manera, y como último aspecto, entendemos el impacto social y político que este evento representa, al tener un efecto catalizador visibilizando la situación de la población LGBTI en el sistema penitenciario y generando debates y cambios a nivel social y político en torno a estos temas».
