La supuesta victoria de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela ha generado tensiones tanto en la comunidad internacional como en la sociedad civil del país, quienes rechazan su triunfo alegando fraude electoral. Tras el anuncio de las autoridades electorales, el gobierno de Maduro ha iniciado una ofensiva contra la sociedad civil, perfilando a quienes considera opositores.
El primer caso que captó la atención internacional fue el de Yendri Velásquez, quien fue detenido arbitrariamente sin posibilidad de contacto con sus familiares. Gracias a la presión ejercida por grupos LGBTIQ+ del país, la sociedad civil y activistas de la región, Velásquez fue liberado siete horas después. Recientemente, se ha reportado la detención de Nelson Merino, otro activista LGBTIQ+ y dirigente político reconocido en el país, quien ha estado desaparecido desde el 30 de julio de 2024, tras un allanamiento en su casa en Naguanagua por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
Los casos de violencia contra activistas y sus organizaciones están en aumento, con informes de amenazas, allanamientos ilegales a viviendas y desapariciones forzadas. Paralelamente, el gobierno ha decidido unilateralmente anular los pasaportes de entre 20,000 y 30,000 personas, entre ellas activistas LGBTIQ+. No existen medios para verificar estas anulaciones, ya que el acceso a la página del SAIME ha sido restringido. El Fiscal General de la Nación, Tarek William Saab, quien ha hecho comentarios abiertamente homofóbicos y transfóbicos, ha insinuado en alocuciones y redes sociales la posible existencia de un listado de personas opositoras perfiladas por el gobierno.
Hasta la fecha, se estima que más de 2,200 personas han sido detenidas, y no se ha sabido nada de su paradero durante más de una semana, lo cual configura un caso de desaparición forzada. Como se mencionó, este no es el primer caso; hasta ahora, se han registrado al menos siete activistas LGBTIQ+ que han sido detenidos arbitrariamente, y cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a la grave situación de seguridad que enfrentan los, las y les activistas LGBTIQ+, así como la población civil venezolana en general, que se moviliza de manera legítima en el espacio público. Es fundamental considerar los datos sobre desapariciones y detenciones arbitrarias, y los riesgos que estas acciones suponen para posibles violaciones al derecho internacional de los derechos humanos en el territorio. Además, es necesario destacar las posturas prejuiciosas expresadas por funcionarios del gobierno venezolano, y cómo estas actitudes influyen en la ejecución extralimitada de sus funciones y en el perfilamiento de los activistas.